La Cámara Federal avaló el pedido del juez Casanello. También procesaron al ex titular de AySA Carlos Ben y otros ex funcionarios.

En una causa en la que se investigan maniobras de cartelización en la obra pública, que avanzó sin arrepentidos ni presos durante el proceso, la Cámara Federal confirmó ayer los procesamientos con prohibición de salir del país de catorce empresarios, entre ellos Carlos Wagner, Aldo Roggio y Tito Biagini, y cinco ex funcionarios de Aysa, con Carlos Ben a la cabeza. Se les imputa administración fraudulenta en perjuicio del Estado en la construcción de la Planta Potabilizadora Paraná de las Palmas y la Planta Depuradora Sistema Berazategui. Las principales irregularidades que describe el expediente son el direccionamiento de licitaciones, la multiplicación del presupuesto inicial, el pago de sobreprecios, dádivas y sobornos. Además las obras sufrieron grandes demoras, y algunas siguen sin terminar después de diez años. También quedaron confirmados embargos que llegan a 790 millones de pesos.

El tribunal confirmó la línea de investigación y responsabilidades atribuidas por el juez Sebastián Casanello. Cuando dictó los procesamientos en mayo de este año, explicó que las licitaciones, que habían sido convocadas en 2008 fueron prácticamente ficticias ya que generaban una competencia aparente pero estaban montadas para que ganen empresas determinadas. El mecanismo coincidiría con el que, con posterioridad, describió el propio Wagner al declarar como arrepentido en la causa de (las fotocopias de) los cuadernos, donde dijo que entre un grupo de grandes empresas se iban repartiendo las adjudicaciones de las obras de manera pactada. La obra de la planta Paraná de las Palmas, en Tigre, fue adjudicada a una Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por la brasileña Odebrecht –que, como es conocido, admitió el pago de sobornos en diferentes países–, Supercemento SAIC, Benito Roggio e Hijos y José Cartellone. La construcción de la planta de Berazatugui fue concedida a una UTE entre Camargo Correa sucursal argentina, y la firma de Wagner –ex titular de la Cámara de la Construcción–, Esuco.

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En sus comienzos esta investigación había quedado asociada al nombre de la constructora Odebrecht, que tenía el 50 por ciento de la licitación de una de las plantas, y que comenzaba a admitir sobornos en Brasil y otros países. De hecho, en la investigación brasileña surgieron pruebas alusivas a obras en Argentina, y en el caso puntual de las plantas potabilizadoras, aparecieron comunicaciones que hablaban de reuniones con los hombres de Aysa y la sigla “DGI” como referencia, utilizada por esa empresa para asentar “acuerdos espurios” que involucraban sobornos. El fallo de ayer, que firman los camaristas Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, repasa y pondera algunos de los elementos y conclusiones ya señalados por Casanello. Por ejemplo, el contrato para Paraná de las Palmas fue firmado en noviembre de 2008, tenía un plazo de 36 meses (debía terminar en 2012) y presupuesto original de 1.893 millones de pesos. Pero se fueron agregando obras y se terminaron pagando 6.405 millones y la obra, que debía proveer agua potable, al día de hoy no está terminada. Los camaristas subrayan el “enriquecimiento para los privados y la carga para el Estado”. En el caso de Berazategui, el contrato data de noviembre de 2008, se inicia con 324 millones de presupuesto y un plazo de 730 días. El montó trepó a 859 millones y los plazos se prolongaron tanto que recién en 2015 se empezaron a entregar los primeros tramos de la obra.

“Se estaría ante una cartelización de la obra pública, en la cual no hubo una verdadera competencia sino que las licitaciones fueron amañadas de antemano, existiendo un acuerdo previo entre empresarios y funcionarios públicos que, en lo que a este tramo de la pesquisa concierne, se concretó con el reparto de las obras en condiciones beneficiosas para los privados por fuera de las previsiones originales y en los aumentos de precios en perjuicio de la administración pública”, dijo la Cámara. La investigación queda así cerca de la posibilidad de llegar a juicio oral, aunque primero los camaristas le dijeron a Casanello que mande a hacer un peritaje técnico-contable para determinar el perjuicio al Estado con miras a la recuperación del dinero.

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Los miembros de Aysa fueron considerados como funcionarios públicos por el tribunal, pese a los cuestionamientos de las defensas. Además, de Ben, fueron procesados Antonio Caucino (director de obra), Raúl Biancuzzo (director de infraestructura y desarrollo tecnológico) y Carlos Di Somma. A ellos les tocaron embargos de 790 millones de pesos. También se les atribuyó administración fraudulenta a un grupo de grandes empresarios: además de Roggio, Wagner y Biagini, Eduardo Blomberg, Conrado Alejandro Martin, Pedro Antonio Casiraghi, Lucas Patricio Cesa, Diego Pugliesso, Roberto Fabián Rodríguez, Gustavo Dalla Tea, Miguen Fabián Cabanne, Raúl Batallán, Sergio Chividini y Jaime José Juraszek Junior. Fueron confirmados embargos preventivos  sobre bienes de sus empresas.

En esta investigación, a diferencia de la causa de las fotocopias de los cuadernos, los empresarios negaron su responsabilidad al momento de ser indagados porque no existía la amenaza de quedar detenidos y la prueba se recolectó de otro modo. Quedó a la vista igual que, dice el tribunal, “existió una decisión corporativa desde el seno de cada empresa para asociarse con vistas a la adjudicación de la obra que tenían previamente acordada con los funcionarios públicos, valiéndose de todas las firmas beneficiadas por tales gestiones”. Casanello había pedido las declaraciones de los arrepentidos en la causa de Claudio Bonadio, donde están procesados también Wagner y Roggio –este último dueño de Metrovías–, pero hasta ahora no logró hacerse de ellas.

El otro tramo de la investigación que se focaliza en los presuntos sobornos está por terminar. Allí están implicados el ex ministro Julio De Vido, su ex mano derecha Roberto Baratta, el ex secretario de Obras Públicas José López, Jorge “Corcho” Rodríguez como intermediario y empresarios brasileños como Marcelo Odebrecht. Según Casanello habría pruebas del uso de una empresa constituida en Uruguay, que vincula con Rodríguez, que se habría utilizado para recibir dinero de cinco sociedades off shore por las que Odebrecht habría canalizado pagos ilegales.

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