Un juez marplatense condenó a Menéndez a dos años y medio de prisión e inhabilitación perpetua a ocupar cargos por un movimiento de fondos cuando era director de Casinos. En el PJ Nacional y el Bonaerense le apuntaron a la gobernadora Vidal.

El intendente de Merlo y vicepresidente del PJ Bonaerense, Gustavo Menéndez, fue sentenciado por la justicia marplatense a dos años y seis meses de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por “fraude a la administración pública” por supuestos hechos ocurridos hace más de una década, cuando se desempeñó como director de Casinos. Menéndez aseguró que “de acuerdo a información judicial que nos llegara anticipadamente, las operaciones del gobierno provincial sobre la justicia marplatense fueron escandalosas”. Tanto el Partido Justicialista nacional como el bonaerense salieron en defensa de Menéndez y apuntaron contra el gobierno de María Eugenia Vidal.

“Insólito, demencial y absolutamente injusto”, definió el intendente de Merlo el fallo del juez en lo correccional número 3 de Mar del Plata, Luis Rodríguez. Menéndez afirmó que “sin un poder judicial verdaderamente independiente no tendremos jamás destino como Nación”. La sentencia de Rodríguez lo condenó por “fraude a la administración pública” por irregularidades cuando se desempeñaba como Director provincial de Casinos y era responsable del área de Mar del Plata. “La sentencia tuvo nulo contenido jurídico y excesivo impulso político, pero de la política miserable de prevalecer callando voces disidentes”, destacó el intendente de Merlo y agregó que “vamos a apelar el fallo y a agotar las vías recursivas que me concede la ley, a la que siempre me sometí”.

El delito del que se acusa a Menéndez sucedió en 2007. Según el fiscal de la causa, Fernando Berlingeri, habría quedado demostrado que el dirigente justicialista y el otro imputado, Enrique Daniel De Luca, “pese a que no tenían custodia formal”, dispusieron de 600 mil pesos del Casino Central marplatense, con lo que “abusaron del poder jerárquico que ostentaban”. Tras ocho años de proceso la sentencia fue emitida ayer después de haber sido elevado a juicio oral en 2015.

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“El Consejo Nacional del PJ no tiene dudas de la inocencia de Gustavo Menéndez, y que los hechos que se le imputan forman parte de la extorsión de un sector de la justicia, que opera como el brazo político del Gobierno de (el presidente Mauricio) Macri y Vidal, que es utilizada como método de disciplinamiento contra dirigentes opositores”, destacaron en el PJ nacional a través de un comunicado firmado por el presidente del partido, José Luis Gioja, y el presidente del Congreso partidario, Gildo Insfrán, en el que se solidarizaron con el intendente de Merlo. “Desde hace un tiempo percibimos, y lo hemos denunciado públicamente, que una parte importante de la Justicia, que nuclea a jueces, fiscales, secretarios y miembros del Consejo de la Magistratura, actúan conteste a lo que se le dicta desde lo más alto del poder político, sin importar garantía constitucional alguna”, continuó el comunicado en el que se agregó además que “el peronismo repudia y rechaza la judicialización de la política, como la politización de la justicia, no queremos intromisiones de un poder sobre otro, por eso, creemos que con fallos como estos se sienta un precedente peligroso, que pone bajo sospecha a todo aquel que se oponga a los Gobiernos Nacional y Provincial”.

En el PJ apuntaban directamente al procurador de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand. “Esta es la forma que tiene de trabajar. Aprieta hasta que salgan los fallos que le indican en la casa de Gobierno bonaerense”, aseguró un dirigente del peronismo provincial. En  tal sentido, el abogado del intendente de Merlo, Wenceslao Méndez, señaló que estaban “realmente sorprendidos con el fallo”, por lo que “luego de que veamos los argumentos en los que se basó para el veredicto, apelaremos al Tribunal Superior”.

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El PJ bonaerense, del que Menéndez fue presidente hasta la semana pasada, señaló a través de un comunicado que le solicitaba “a la gobernadora que no quiera distraer más a la sociedad, el peronismo no es tonto, y mucho menos el pueblo de la provincia”, y agregó que se terminen las “operaciones judiciales y mediáticas”, y agregaron que “no es casualidad, que a meses del proceso electoral, reactiven una causa sin pruebas ni fundamento jurídico, que tiene 11 años sin avances y condenen a un compañero intendente elegido por el pueblo y del principal partido político de la oposición a nivel Provincial y Nacional”.

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