“Al humanismo no se renuncia por demagogia electoral”, afirmó Carrió, que reclamó que el Reglamento se trate en el Congreso. La enfrentaron la ministra y Garavano, con respaldo de Macri. El cruce llegó a la Justicia: un magistrado porteño lo declaró inconstitucional y prohibió su aplicación en la Ciudad.
Después de abrir una nueva grieta en Cambiemos con su crítica pública a la resolución del Ministerio de Seguridad que flexibiliza el uso de armas de fuego por parte de la policía, a la que consideró lindante con el fascismo, Elisa Carrió redobló la apuesta: dijo que la normativa que dictó la ministra Patricia Bullrich y que legitima el gatillo fácil debe ser debatida en el Congreso. Por la noche, la ministra de Seguridad le retrucó por la televisión: Afirmó que el reglamento “no es fascista” y consideró que Carrió “no debe haber leído (el reglamento) en profundidad”. Sobre todo, aseguró que tiene el respaldo del presidente Mauricio Macri: “Cree que esto ayuda a clarificar los casos en que la Justicia ha condenado injustamente a policías que habían actuado en el cumplimiento de su deber”.
Como respuesta a las críticas de Carrió, quien subió un largo texto a las redes sociales, los trolls del PRO le cayeron con miles de insultos. A los trolls se sumaron diputados como Fernando Iglesias. El ministro de Justicia, Germán Garavano, le respondió con una consideración genérica: se sabe, el funcionario tampoco tiene mucho amor por Bullrich.
“Entiendo que actualmente la situación exige algún tipo de medida provisoria para subsanar algunas falencias que desprotegen al agente de seguridad o policial que deba emplear su arma, pero estas normas provisorias no pueden en ningún caso vulnerar los preceptos constitucionales y también deben ser consensuadas por las distintas fuerzas políticas que integran el Gobierno”, reclamó Carrió a través de una carta pública. Allí agregó que “este marco legal debe ser del nivel suficiente para que oriente la acción judicial y proteja adecuadamente al agente”, por lo que “no puede ser una simple resolución ministerial. El marco legal debe ser una ley sancionada por el Congreso Nacional en el marco de sus atribuciones”.
La reglamentación para las fuerzas federales que desplegó el Gobierno nacional viene generando conflictos internos: como contó este diario, la gobernadora María Eugenia Vidal no tiene pensado aplicarla en la provincia de Buenos Aires. Pero tomó su decisión en silencio. Todo lo contrario de Carrió, quien hizo públicas sus diferencias y mandó a decir a los habitantes de la Casa Rosada que se podrían haber enterado antes si la siguieran consultando. “La reglamentación para fuerzas de seguridad dictada por la ministro Bullrich viola los derechos humanos fundamentales. Nosotros no vamos a ir al fascismo”, remarcó la diputada oficialista.
“Esto no significa que la Policía no tenga el poder para mantener el orden, pero a la ministro se le va la mano”, la cuestionó. Se sabe: Bullrich fue durante años la mano derecha de Carrió en la Coalición Cívica, hasta que la abandonó por veredas con más sol.
Ante la catarata de críticas de sus seguidores, a las que rápidamente se sumaron los trolls macristas, Carrió respondió: “A los que se enojan conmigo por mi posición en seguridad les digo, el día que maten a un hijo solo por tener pelo largo o ser morocho se van a acordar de mí”.
Debe ser la primera vez que el aparato en redes sociales del oficialismo se vuelca contra la que fue su candidata estrella en la Ciudad de Buenos Aires. En su respaldo, salió únicamente la Coalición Cívica (los radicales mantienen un silencio sepulcral sobre este tema): “La Coalición Cívica ARI expresa su profunda preocupación respecto a la reglamentación de uso de armas de fuego de parte de las fuerzas de seguridad y en ese sentido rechaza el protocolo de seguridad”, remarcaron los lilitos. “Nos preocupa y ocupa el humanismo y los derechos humanos como manifestó la presidenta del bloque de diputados nacionales de la CC ARI, Elisa Carrió”, indicaron. “Creemos que cuestiones tan sensibles como la seguridad no pueden estar inmersas en cuestiones de especulación electoral”, remarcaron. La Coalición Cívica destacó que “los valores que sostenemos y las ideas en las que creemos son el resultado de nuestra historia y acción compartida, de nuestras causas y se sintetizan en un contrato moral y una declaración de principios basada en la ética y la república”.
Al ataque troll se sumó el diputado Iglesias, al que un informe de Amnesty Internacional ubica al frente de muchos ataques masivos en las redes sociales a periodistas y referentes de derechos humanos. El ex profesor de voley indicó sobre Carrió: “Bienvenidas todas las opiniones y las disidencias sobre el protocolo para las fuerzas de seguridad. Pero hablar de fascismo es una injusticia y una enormidad”. “Esta cuenta banca fuerte a la ministra Bullrich, una de las mejores gestiones de Cambiemos y de la historia nacional”, bramó Iglesias. “Si algo me harta es la visión ‘clasista’ del tema seguridad. Muchachos, los que mueren hoy son los pobres con uniforme y los pobres sin uniforme. Escuchen lo que dice la gente en los barrios. ¿No vieron los linchamientos?”, indicó.
La intervención en la disputa de Garavano tuvo todas las sutilezas de las que careció la invectiva de Iglesias. “Es la opinión de Carrió, es válida”, afirmó el ministro de Justicia. “Pero yo creo que es una reglamentación de las funciones de las fuerzas de seguridad que, en su uso adecuado, no debiera ser considerada violatoria de los derechos humanos. Bullrich indica expresamente que sigue las reglamentaciones de Naciones Unidas”, aseguró el funcionario PRO, que no dedicó más tiempo a defender a otra ministra con la que tiene una larga historia de diferencias. Sí sostuvo, sobre el rumbo general del gobierno nacional, que los inspira no la mano dura sino “la mano justa”.
“Definitivamente, la mano justa es más dura de lo que vino siendo los últimos diez años, donde cuando uno analiza el crecimiento del delito y el narcotráfico se ven respuestas muy bajas”, aseguró.
Todo ocurre en medio del plan del presidente de Mauricio Macri de convertir a la seguridad –a falta de la economía– en su caballito de batalla para la reelección. Solo tiene un pequeño problema: su principal aliada le impugna el reglamento de su ministra estrella.
