Hace dos años la opinión pública tomaba conocimiento de los aberrantes sucesos ocurridos en el Instituto Antonio Provolo, con sedes en Mendoza y La Plata.
En ese período de tiempo, el principal actor de esta película de terror -la Iglesia Católica- mantuvo su accionar ilegal y contrario a los derechos humanos de las víctimas.
Es que el papa Bergoglio, en su infinita demagogia, ha sido incapaz de cumplir con las exhortaciones que el Comité de los Derechos del Niño le indicara a la institución que preside. Y el caso Provolo forma parte de ese contexto antijurídico.
Esos apenas algunos de los incumplimientos. Todos y cada uno de ellos pueden aplicarse al caso Provolo.
Se suman, el accionar autoritario y cínico, sea del Administrador Apostólico nombrado por el papa, obispo Alberto Bochatey, o de uno de sus enviados a investigar canónicamente, presbítero Dante Simón. El primero jugando al rol de mercachifle, ofreciendo en venta al poder político mendocino el predio donde funcionaba el Instituto. Y el segundo burlándose de una orden judicial que a principios de 2017 lo conminaba a presentar las constancias escritas de su propia investigación.
A dos años del horror, los carniceros de la humanidad, en su versión clerical, continúan obsesionados por mantener el sepulcro blanqueado, a costa de la vida de niños, niñas y adolescentes abusados.
Todo un signo de respeto a la dignidad y derechos humanos.
