Un informe realizado por el CEC-UBA analiza el “ahogamiento” de las políticas de asistencia alimentaria del gobierno nacional, pese al incremento de la demanda en todo el país.

Pese al sostenido aumento de la demanda de asistencia alimentaria en los sectores populares, el presupuesto 2019 ajustará los fondos destinados a ese fin. Un informe realizado por investigadores la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires detalla el “ahogamiento” de las políticas de asistencia alimentaria del gobierno nacional y pronostica un agravamiento de la situación actual.

El diagnóstico se basa en el hecho de que la variación nominal entre los presupuestos alimentarios de 2018 y 2019 es solamente de un 26,1 por ciento, mientras que según estimaciones oficiales la inflación prevista para el año sería del 34,8 por ciento, y según estimaciones no interesadas superará el 40 por ciento. Pero, además, el recorte en asistencia alimentaria se agrava si se considera la situación de los programas de tarjetas alimentarias y comedores escolares, que son gestionados principalmente por las provincias y municipios con fondos que transfiere el gobierno nacional.

En el caso de los comedores escolares, el informe –desarrollado en el Centro de Estudios de Ciudad por el investigador y trabajador social Martín Ierullo– destaca que el monto total previsto para 2019 implica un aumento nominal del 20 por ciento respecto del presupuesto de este año, por lo que los fondos permitirán adquirir menos alimentos. La situación se agrava particularmente en las partidas de algunas provincias: Chubut (variación nominal del 2,9 por ciento), San Juan (4,2 por ciento), Corrientes (6,1 por ciento), Misiones (7,2 por ciento), Tierra del Fuego (8,8 por ciento), La Pampa (9,7 por ciento), Formosa (11,23 por ciento), Santa Cruz (11,7 por ciento), Río Negro (12,1 por ciento), Neuquén (14,3 por ciento), Entre Ríos (15,5 por ciento) y San Luis (18,1 por ciento). El aumento también será insuficiente para el Programa de Abordaje Comunitario (Comedores Comunitarios), que brinda asistencia directa a 1224 organizaciones: su variación nominal es del 16,8 por ciento.

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El monto global de los fondos para programas de transferencias monetarias a familias a través de tarjetas alimentarias implica una suba del 39 por ciento. Pero el estudio destaca que el análisis de las transferencias por jurisdicción muestra que la suba sólo excede a la inflación en la Ciudad de Buenos Aires (66,5 por ciento) y en la Provincia de Buenos Aires (51 por ciento), “lo que podría estar relacionado con la reciente descentralización de la gestión del programa en el Área Metropolitana de Buenos Aires”, hasta ahora manejado por el gobierno nacional. Para el resto de las provincias la proporción de aumento es solamente de un 24,9 por ciento, salvo en Córdoba, Misiones y Jujuy, cuyas variaciones son aún menores.

“Desde el territorio lo que uno puede ver es que la necesidad alimentaria cada vez es más grande. Comedores que no tienen cupos para sumar a toda la gente que se acerca, pero también instituciones que te dicen que cada vez necesitan más comida para alimentar a la misma cantidad de gente que antes, porque los chicos vienen con más hambre, sobre todo los lunes. Es recurrente”, afirmó Ierullo.

El informe concluye que el Presupuesto 2019 agravará el escenario, “generando un ahogamiento de los programas subnacionales de asistencia alimentaria y poniendo en crisis el sostenimiento de las intervenciones destinadas a quienes más sufren las consecuencias de la crisis social y económica”. “Varios gobernadores e intendentes han advertido el incremento de la demanda alimentaria en sus territorios (realidad que resulta innegable para quienes viven o trabajan en los barrios populares), así mismo se ha advertido la progresiva disminución del valor real que poseen los fondos transferidos por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación para hacer frente a la compra de alimentos.”

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