Los jueces no dieron lugar a los pedidos de postergar el juicio. Las defensas de Báez y otros habían argumentado que no se puede juzgar el supuesto lavado hasta que no se haga el juicio por la obra pública. Casi todos los imputados no declararán por ahora.

La segunda audiencia del juicio por lavado de dinero contra Lázaro Báez, sus hijos y otras personas se inició ayer con el rechazo de todas las pretensiones de postergar el proceso. Buena parte de las defensas habían argumentado que no se puede empezar un juicio sobre movimientos de dinero de origen supuestamente ilícito cuando el juicio por la obra pública, de donde habrían salido esos fondos ilegales, ni se hizo ni, menos todavía, hubo condenas. Casi todos los imputados dijeron que no van a declarar por ahora y es seguro que lo harán en algún momento del juicio. Quien sí va a hablar es Federico Elaskar, ex dueño de la financiera SGI, pero que la había vendido al momento de aquella filmación en la que apareció un hijo de Báez y otras personas contando 5.100.000 dólares.

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Aunque los grandes medios llaman a la causa “La ruta del dinero K”, la realidad es que no hay ningún funcionario del kirchnerismo sentado en el banquillo de los acusados. Todo el tiempo se trató de instalar que Lázaro Báez era un testaferro de los Kirchner, pero no apareció hasta ahora ni una sola evidencia: toda la acusación se centra en que el constructor obtuvo 51 de las 81 obras viales que se hicieron en Santa Cruz. Como lo declaró el ex titular de Vialidad durante el kirchnerismo Nelson Periotti, el mismo esquema de una empresa constructora dominante se dio en buena parte de las provincias, porque en cada uno de esos distritos las empresas dominantes tenían las máquinas y los trabajadores ya contratados, por lo que a las otras empresas les costó competir en licitaciones en las que jugaban de “visitantes”. El fenómeno se dio en forma más aguda en el sur porque pocas constructoras querían ir a Santa Cruz, entre otras razones por la cantidad de días en que no se puede trabajar por el frío y el viento. Todo esto se discutirá en el juicio que recién empieza en febrero, de manera que las defensas argumentaban que no se puede debatir sobre ilegalidad de origen del dinero si no existe un fallo en la causa sobre las obras viales. Para el fiscal Abel Córdoba, en cambio, bastan los indicios existentes para considerar que se pretendió blanquear dinero de origen ilegal. Los tres jueces del TOF 4, Néstor Costabel, María Gabriela López Iñiguez y Adriana Pallioti, le dieron la razón al fiscal y resolvieron rechazar los planteos de nulidad, aunque las razones las explicaran recién en las próximas audiencias.

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Las operaciones supuestamente ilegales que se tratan en el juicio son tres:

  • Que Báez sacó del país y luego reingresó unos 35 millones de dólares. Utilizó cuentas en Suiza y sociedades armadas en Panamá.
  • Que los 5.100.000 dólares contados en SGI fueron dinero ilegal.
  • Que Báez compró un campo en Mendoza, otro en Uruguay, un departamento en Avenida Del Libertador, en Buenos Aires, y pagó el ostentoso casamiento de Leonardo Fariña y Karina Jelinek, todo con dinero sucio.

La defensa del constructor dice que el dinero en el exterior es, a lo sumo, una infracción cambiaria, igual que la cometida por decenas de empresarios. Que el dinero contado en SGI provenía de la venta de terrenos en Tortuguitas y que no tuvo nada que ver con la compra de campos y los gastos de Fariña.

De los 25 imputados, sólo cinco aceptaron declarar en esta etapa. El empresario Juan Carlos Molinari, que figura en la compra del campo de Mendoza, en la adquisición de varios vehículos de lujo y en el pago de la boda cuestionada. El gestor Fabián Rossi, ex marido de Ileana Calabró, imputado por armar las sociedades usadas por Báez en Panamá. Y, el más interesante, Federico Elaskar, quien fuera dueño de la financiera SGI, a la que los grandes medios denominaron, con intencionalidad política, La Rosadita, pese a que allí tenían cuenta, cambiaban cheques y movían dinero Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, y muchos otros empresarios.

La declaración de Elaskar será interesante porque él y el arrepentido Leonardo Fariña fueron los que hicieron pública la operatoria de Báez en un programa televisivo. Elaskar ya había vendido SGI, le pagaron la mitad de lo acordado y esquivaban pagarle la otra mitad. El financista supone que aquella maniobra no fue obra de Báez, sino de quienes trabajaban con él, que se quedaron con el dinero del constructor. Es más, Elaskar afirma que nunca vio a Báez y que yendo a la TV sólo pretendió cobrar el dinero que le prometieron. Seguramente de todo eso hablará cuando declare: está previsto que lo haga el miércoles 21.

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