El máximo tribunal escuchó a quince especialistas sobre la conveniencia o no de que la cadena que pertenecía al ex vicejefe de Gabinete Mario Quintana pueda instalar sus farmacias en la provincia más grande del país.

La idea de la farmacia shopping les  hace perder el respeto de la gente a los medicamentos”, declaró ayer el ex ministro de Salud Ginés González García, en la audiencia pública convocada por la Corte Suprema de Justicia para analizar el pedido de Farmacity de remover los obstáculos legales que le impiden instalarse en la provincia de Buenos Aires. El máximo tribunal escuchó a quince amicus curiae (amigos del tribunal) sobre los costos y beneficios de esa decisión, en tanto que el próximo miércoles realizará una segunda audiencia para atender los argumentos de la empresa y del gobierno provincial. “Las 242 farmacias instaladas en el país tienen un director técnico farmacéutico responsable que garantiza el derecho a la salud”, adelantó Farmacity que será su posición ante los supremos. La compañía que tenía al ex vicejefe de Gabinete Mario Quintana como uno de sus dueños consiguió que la Corte atienda su reclamo contra las inhibiciones bonaerenses después de perder en todas las instancias judiciales en la provincia.

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Mientras se desarrollaba la exposición de los especialistas, un grupo de farmacéuticos bonaerenses se concentró frente al Palacio de Justicia en la Ciudad de Buenos Aires para rechazar la intención de Farmacity de desembarcar con sus farmacias en el distrito gobernado por María Eugenia Vidal. La Corte realizará las dos audiencia antes de dictar su fallo. Los oradores que defendieron a la empresa señalaron que la Ley Provincial 10.606, que prohíbe que las farmacias estén en manos de sociedades anónimas, “genera un virtual monopolio a favor de los locales ya establecidos” en ese distrito y “perjudica la competencia”. Farmacity recurrió a la Corte nacional porque perdió en las instancias de la Justicia provincial en su intento de declarar la inconstitucionalidad de esa ley. La firma también argumenta que sus farmacias funcionan hace más de veinte años en catorce provincias y la Ciudad de Buenos Aires, con un empleo directo de seis mil personas.

La audiencia estuvo presidida por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, ya que los ministros Carlos Rosenkrantz, presidente del tribunal, y Horacio Rosatti se excusaron por tener una relación previa con la compañía. Rosenkrantz fue letrado de la empresa y su ex socio, Gabriel Bouzat, es quien ejerce la defensa en la actualidad. A pesar de su excusación, el ministro quedó involucrado en otra polémica porque el defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, lo acusó de no dejarlo participar de las exposiciones de los amicus curiae. “Rosenkrantz nos censuró por oponernos a la llegada de Farmacity. La empresa que supo representar durante tanto tiempo quiere transformarse en un monopolio, con todo el impacto negativo que generaría en las farmacias”, insistió Lorenzino.

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Por su parte, quienes expusieron en contra de la firma, entre ellos el ex ministro González García, opinaron que Farmacity actúa “como si vender medicamentos fuera igual que vender electrodomésticos” y que las normas sobre la comercialización de remedios “deben corresponder a la regulación local” y no a la nacional.

El contrapunto entre “sociedades anónimas versus farmacéuticos” fue el eje de las disertaciones ante los tres jueces de la Corte. Una de las posturas que sorprendió fue la del representante de la Asociación de Empleados Farmacéuticos, Fermín Carricante, quien defendió la instalación de Farmacity en territorio bonaerense y aseguró que “la experiencia en la Ciudad de Buenos Aires” indica que “no se afectó sino que se incrementó” la creación de fuentes de trabajo en el sector.

De acuerdo con los números de la empresa, cada apertura de local implica, en promedio, la creación de 25 empleos formales. Farmacity señaló que tiene 147 locales de los 1661 lugares de expendio de remedios en la Ciudad de Buenos Aires y que en el último año 2,5 millones de personas acudieron a los negocios que funcionan las 24 horas.

Los detractores de la instalación de la firma en la provincia más grande del país mencionaron la ausencia de un responsable legal ante una eventualidad penal –un medicamento vencido, por ejemplo– y la concentración de los locales en los centros urbanos, uno de los logros que contrariamente resaltan desde la firma. En defensa de Farmacity, el economista Marcelo Capello elogió el modelo cordobés –uno de los tres jueces que deben decidir la cuestión, Maqueda, es de esa provincia–, expuso números que indican que allí no hay una posición dominante de Farmacity (33 farmacias contra un total de 2.500) y sostuvo que “restringir el acceso a nuevos oferentes termina perjudicando al consumidor”. Por el contrario, los opositores a Farmacity dijeron que debe privilegiarse el derecho a la salud por sobre el derecho de propiedad.

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