La integrante de Apemia indicó que durante el juicio se demostró que el Estado argentino tuvo responsabilidad tanto en el atentado a la AMIA como en su posterior encubrimiento. Sin embargo, dijo que es poco probable que se logre alguna condena.

“Consideramos que quedó demostrado tras este juicio que el Estado argentino es responsable del atentado a la AMIA, participó del crimen y luego lo encubrió”, sostuvo Laura Ginsberg, referente de la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (Apemia), en relación con lo que “mediáticamente se publicitó” como el juicio del encubrimiento del atentado a la AMIA, pero que “no fue tal cosa: solo juzgó delitos individuales”. A pocas semanas de oír la sentencia y tras la audiencia en la que el Tribunal Oral Federal número 2 de la Ciudad de Buenos Aires delimitó la posibilidad de las partes acusadoras a discutir los alegatos de las defensas, Ginsberg advirtió que “no es la primera arbitrariedad a lo largo de tres años y medio de juicio” y aseguró: “No tenemos la más mínima expectativa de que se haga justicia”.

La referente de Apemia expresó la posibilidad de que “no haya condenas” en la sentencia del juicio por el accionar delictivo que ex funcionarios políticos, judiciales, policiales y miembros de la sociedad civil judía cometieron con el objetivo de desviar la investigación sobre la explosión que derrumbó la sede porteña de la AMIA y mató a 85 personas hace más de 20 años. Entre los acusados figura el ex presidente Carlos Menem, su ex jefe de Inteligencia, Hugo Anzorreguy y el agente Patricio Finnen; el ex juez Juan José Galeano y los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia –quienes estuvieron al frente de la investigación judicial sobre el atentado durante los primeros años–, el ex titular de la DAIA Rubén Beraja; el reducidor de autos Carlos Telleldín, y su esposa, Ana María Boragni; el abogado de Telleldín, Víctor Stinfale, los ex comisarios Jorge “Fino” Palacios y Carlos Castañeda. Sus participaciones varían en torno de dos grandes operaciones: una fue el desvío de la “pista siria”, que durante los primeros días de la investigación conducía al ciudadano de origen sirio Alberto Kanoore Edul, amigo de Menem; la otra consistió en el armado, pago de coima de por medio, de la pista falsa que involucró a una banda de policías bonaerenses como la “conexión local” del atentado.

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Sin embargo, Ginsberg insistió en que “lo más terrible de todo” es que “no se juzgó el plan criminal en su conjunto. Solo se abordaron delitos individuales”. “Para que esos delitos se convierta en el juzgamiento de un plan criminal que no solo encubrió a los verdaderos culpables sino que relaciona directamente al Estado argentino con la explosión, tendremos que esperar al fallo de los jueces y por como avanzó el juicio estos tres años y medio, lo vemos muy difícil”, concluyó.

En ese sentido, la referente de Apemia indicó que “para lo único que trabajaron los jueces” Jorge Gorini, Néstor Costabel y Karina Perilli “fue para mantener a este juicio entre los límites que la política quería”, pero “están en un problema muy serio” porque “a pesar de que el 25 por ciento de las audiencias fueron secretas, a pesar de que los archivos siguen sin ser puestos a disposición de la ciudadanía, no pudieron evitar que en las audiencias apareciera y quede probado que la SIDE estuvo involucrada en el atentado”, denunció.

En su alegato, Apemia consideró probada la existencia de una “connivencia de elementos del poder político, del judicial, de las policías, de la SIDE” no solo en el encubrimiento sino en el atentado mismo. “Denunciamos que el atentado fue un crimen perpetrado por el Estado argentino y encubierto por el Estado argentino y, por eso, pedimos que se extrajeran testimonio para juzgar a la SIDE”, apuntó Ginsberg. “Por supuesto, la Justicia puede fallar en contra nuestro, que es lo que sistemáticamente viene pasando, o a favor de la verdad”, continuó.

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En la audiencia de ayer, la de Apemia y el resto de las partes acusadoras –la fiscalía, las agrupaciones Memoria Activa y 18J, la AMIA y la DAIA y los policías bonaerenses acusados por Galeano y los ex fiscales– rechazaron las limitaciones que el TOF 2 les impuso la semana pasada a la etapa de respuestas a los alegatos de las defensas de los acusados. Al igual que el resto de las querellas, Apemia rechazó las limitaciones y realizó las reservas de Casación correspondientes para discutir esta cuestión en la alzada. “No es la primera arbitrariedad que sufrimos en este juicio, sino una muestra más de todo lo que venimos observando durante todos estos años. Las declaraciones de los espías de la SIDE fueron secretas, los archivos siguen siendo secretos y eso, a más 20 años de los hechos, ya no puede ser”, puntualizó. Por último, recalcó que “este juicio reforzó nuestra posición de que esta situación no tiene solución de vía judicial. Hace falta una comisión investigadora, que los archivos sean públicos y que el Estado se haga responsable de una vez por todas”.

El próximo 6 de diciembre será la próxima audiencia, cuando los acusados expresen, si quieren, sus palabras finales antes de que el TOF emita la condena que, según los familiares, puede producirse antes de fin de año

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