Luego de recomponer su relación con los radicales, el macrismo busca un acuerdo con el Peronismo Federal para tratar los cambios en Bienes Personales, ascensos militares y reformar la ley de financiamiento de los partidos políticos.
El Gobierno llamará a sesiones extraordinarias del Congreso en diciembre. Con la convocatoria, el Ejecutivo buscará saldar el abrupto final del año parlamentario que desató la crisis intestina en Cambiemos –ante la jugada del peronismo que unió a todas sus bancadas para quedarse con la única silla del radicalismo en el Consejo de la Magistratura–, que frustró las sesiones previstas antes del 30 de noviembre y dejaron en suspenso leyes que la Casa Rosada buscaba aprobar antes de fin de año. En Diputados, el oficialismo busca cerrar un acuerdo con el peronismo federal –que incluya alguna de sus iniciativas– para garantizar el quórum de una sola sesión que se planifica para el 12 de diciembre y que tendría como prioridad tratar la modificada suba de las alícuotas del impuesto a los Bienes Personales que se acordó con los gobernadores peronistas. En el Senado, el apuro de la Casa Rosada es por los pliegos de ascensos en las Fuerzas Armadas, mientras se complica su intención de avanzar con la ley de financiamiento de los partidos políticos que habilita el aporte económico de las empresas privadas a las campañas electorales.
En Diputados todavía resuenan los reproches y pases de factura entre radicales y macristas por la pérdida de la silla que la UCR mantenía en el Consejo de la Magistratura. El desplazado Mario Negri, también le apuntó al peronismo, que utilizó la misma metodología (suma de firmas) con que Cambiemos le arrebató un lugar en el Consejo al kirchnerismo aun con un mandato de dos años por delante. La crisis en el oficialismo y la “desconfianza” y el temor a otra jugada del peronismo unido hicieron caer la última sesión del año parlamentario.
Allí quedaron pendientes modificaciones que introdujo el Senado al paquete económico que acompañó la aprobación del Presupuesto 2019. La modificación de la suba a las alícuotas de Bienes Personales, que excluyó del tributo a viviendas únicas hasta 18 millones de pesos, y la ley correctiva que redujo del 6 al 3 por ciento el impuesto sobre el capital de cooperativas y mutuales de crédito y seguros, que establecía el Presupuesto.
Bienes Personales, que formó parte del acuerdo sellado con los gobernadores peronistas para la aprobación del presupuesto, sería una de las prioridades del Ejecutivo para la convocatoria a extraordinarias. También sería prioritaria una modificación al Código Procesal para adaptar la ley del arrepentido que ya tiene media sanción del Senado.
En cambio, la llamada ley (Omar) Perotti, que corrige el gravamen especial a cooperativas y mutuales –que también fue promovida por lo senadores de la UCR– no entraría en esa misma categoría para el Gobierno y su inclusión estaría en duda. Igual que la nueva ley de alquileres, resistida por propietarios e inmobiliarias.
El titular de la Cámara baja, el macrista Emilio Monzó, trabajaba en un acuerdo con los peronistas federales para garantizar el quórum y el funcionamiento de una única sesión prevista para el 12 de diciembre. El presidente del interbloque de los federales, el salteño Pablo Kosiner, propuso que la sesión incluyera dos proyectos de su bancada: la creación del Juzgado Federal de Primera Instancia de Tartagal (Salta) y la implementación de un régimen de control público sobre enfermedades prevenibles por vacunación. Al que se agregaría la creación del Parque Nacional del Iberá. Aunque el llamado a extraordinarias y el temario, lo terminará defiendo el presidente Mauricio Macri en un decreto.
La intención del Gobierno también es acelerar el tratamiento de la ley de financiamiento de los partidos políticos, en vísperas del año electoral que definirá el futuro Presidente. Un tema sobre el que el oficialismo no había logrado avanzar en Diputados: el jueves 15 (antes que estallara la disputa por las sillas en el Consejo de la Magistratura) hubo un encuentro en el que participaron los presidentes de las principales bancadas parlamentarias para tratar el tema. Por el oficialismo estuvieron Negri (UCR), Nicolás Massot (PRO) y Juan Manuel López (CC); por la oposición Agustín Rossi (FpV-PJ), Kosiner (Federales) y Graciela Camaño (FR). Pero el encuentro no arribó a ningún consenso. A las dudas de la oposición se suma la resistencia de los aliados oficialistas de la CC, que no ven con buenos ojos el aporte empresario a las campañas electorales.
En el Senado, el gobierno ha dado un paso adelante en este tema: allí el proyecto de financiación de los partidos tiene dictamen de comisión. Pero el jefe del interbloque del peronismo federal adelantó ante los periodistas parlamentarios que el tema pasaría para el año próximo. El motivo central son las dudas y diferencias dentro del bloque sobre el proyecto. Una cuestión que el rionegrino no estaría dispuesto a forzar para evitar un nuevo cisma en su bancada.
Pichetto había logrado frenar la sangría en su bancada para mantener las dos sillas en el Consejo de la Magistratura como el bloque mayoritario del Senado. Un pulseada que consiguió sumando un acuerdo con el Frente Cívico de Santiago del Estero y que consagró consejeros al propio Pichetto y a la santiagueña Ada Itúrrez de Cappellini.
La disputa por los asientos en el Consejo encargado de controlar al Poder Judicial y la decisión de no bajar al recinto para tratar el desafuero a la Senadora Cristina Fernández de Kirchner, tensó la relación del oficialismo con los federales y terminó de tirar por tierra la última sesión en la Cámara alta. Ahora el Gobierno buscará en el Senado aprobar los pliegos de ascenso en las Fuerzas Armadas.
