La suba acumulada en el primer semestre sería de 48 por ciento, muy por encima de la inflación proyectada. Además, el financiamiento de la tarifa social quedará a cargo de las arcas fiscales de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires.

La empresa pública de agua y saneamiento, Aysa, pedirá en la audiencia pública prevista para la semana próxima aplicar un aumento de tarifas del 17 por ciento a partir de enero y de otro 27 por ciento desde mayo, lo que acumula un 48 por ciento para todo el año que viene. Además, el financiamiento de la tarifa social quedará a cargo de las arcas fiscales de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires. Será el primer aumento tarifario de 2019. Se espera que el incremento solicitado esté en línea con lo que el Gobierno apruebe, de manera que el año que viene quedaría inaugurado rápidamente con una nueva saga de subas tarifarias. La continuidad en la política tarifaria agresiva es uno de los puntos centrales del plan fiscal del Gobierno acordado con el FMI.

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La relativa rigidez de las erogaciones públicas en las partidas salariales y de la seguridad social hacen que los subsidios a los servicios públicos sean un objeto predilecto del ajuste para 2019. Sin importar el deterioro acumulado del poder adquisitivo de los ingresos, las subas tarifarias seguirán por encima del avance de los salarios. En consecuencia, los gastos en gas, luz, agua y el trasporte van a continuar creciendo en términos relativos a otros consumos, como podría ser una salida nocturna, renovar algún electrodoméstico, vacaciones o comprar alguna prenda de ropa.

La primera señal de la política tarifaria 2019 la brindó Aysa, que publicó el documento por el cual busca justificar las subas que solicitará en la audiencia pública que se celebrará el jueves 15 de noviembre desde las diez de la mañana en la Nave de la Ciencia de Tecnópolis. En una economía caracterizada por las normas contables internacionales como “hiperinflacionaria”, la administración de Cambiemos sigue siendo un factor impulsor de los precios, que se espera que este año suban al menos un 45 por ciento.

Los ingresos de Aysa en relación a sus costos tuvieron un fuerte impulso en 2016, cuando se aplicó un incremento promedio del 297 por ciento en la tarifa junto a la eliminación de descuentos tarifarios. Según Aysa, en ese momento se elevó la cobertura de los costos por parte de ingresos tarifarios hasta un 77 por ciento. En 2017, el aumento fue de 23 por ciento, mientras que el 1 de mayo de 2018 se aprobó un nuevo ajuste tarifario de 26 por ciento, en ambos casos con eliminación de descuentos. Con esas subas, la cobertura de los costos está en el 83 por ciento. La tarifa social pasó de 19 mil a 330 mil usuarios.

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“Los actuales niveles tarifarios resultan sensiblemente menores a los establecidos como de equilibrio económico-financiero”, dice Aysa. Por eso plantea un aumento de las boletas en dos tandas. La primera, del 17 por ciento a partir del 1 de enero y la segunda desde el 1 de mayo con un ajuste adicional de 27 por ciento, un 48 por ciento acumulado. Esto implica que un usuario residencial de un segmento zonal medio que actualmente paga 371 pesos por mes, pasa a 434 pesos en enero y a 552 pesos, según los números de Aysa, lo cual implica una suba total de 48,7 por ciento. En un segmento zonal bajo, una boleta de 366 pesos pasa a 428 pesos y luego a 544 pesos, mientras que en un segmento zonal alto, la boleta de 415 pesos sube primero hasta los 486 pesos y en mayo, hasta los 617 pesos. Cabe aclarar que se trata de facturas promedio. Variables tales como el metraje de la propiedad inciden en los valores puntuales.

Los incrementos pedidos implican para Aysa un aumento de la facturación de 7018 millones de pesos, del 42 por ciento. Con esa mejora, la cobertura de los gastos con recursos tarifarios sería de 86,8 por ciento. Una novedad del presupuesto 2019 de Aysa es que se congelan los gastos de mejora y mantenimiento en 4545 millones de pesos, mismo monto que tuvieron en 2018. En 2016, ese rubro tuvo una suba interanual del 52 por ciento; en 2017, del 6,8 por ciento y en 2018, del 22,5 por ciento. Por otro lado, Aysa comunicó que “ante la falta de financiamiento del programa de Tarifa Social con recursos del Tesoro, se propone un esquema en el que los aportes de fondos al programa provengan de financiamiento de los tesoros de los respectivos gobiernos jurisdiccionales”. Ese cambio de fuente de financiamiento está plasmada en el proyecto de Presupuesto Nacional 2019.

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