En el marco de la investigación judicial surgieron testimonios sobre la participación de miembros de fuerzas de seguridad y apoyo político con la banda que lideraba una mujer apodada Mamu, que hoy declara en tribunales.

El juez federal Marcelo Bailaque ordenó una serie de allanamientos donde detuvo hasta el momento a seis personas que regenteaban un prostíbulo ubicado en pleno centro de San Lorenzo. Una de las detenidas es la Mamu, Miriam Soto, sindicada como la cabecilla de la banda quien será indagada formalmente hoy bajo la acusación de “trata de personas con fines de explotación sexual”. Junto a Mamu fueron detenidos Diego Salto y Franco Cardozo -sospechados de acordar y brindar la protección policial-, además de Marisa Viotto, Valeria Gimenéz y Solange Giménez.

Los detenidos –que serán indagados hoy en los Tribunales federales- forman parte de una investigación que lleva adelante la justicia federal. Son sospechosos de conformar una banda en San Lorenzo que supuestamente, capta, traslada y explota sexualmente a mujeres, así como también vender drogas. Entre febrero del año pasado a la actualidad se detectaron al menos 16 víctimas de esta organización criminal. Una de las mujeres que fueron captadas por la red contó que “Mamu” le hacía vender droga a los clientes. De acuerdo a su declaración, la bolsita de marihuana o cocaína costaba 50 dólares. La organización criminal, de acuerdo a la instrucción, estaría integrada por al menos 12 personas con lo cual el magistrado federal no descartó que se continúen con las detenciones.

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En el expediente –cuyo inicio tuvo lugar a mediados de 2017 por una mujer que denunció haber sido explotada en el lugar- esta mencionado el intendente de San Lorenzo Leonardo Raimundo, como presunto encubridor. “Esta organización logró garantizar su impunidad desde –al menos- julio de 2017 gracias al accionar del intendente Leonardo Raimundo, el que consistió en garantizar la continuidad de la explotación sexual de mujeres en el inmueble, como así también la impunidad de los miembros de la organización, evitando que el municipio que preside lleve a cabo los debidos controles y disponga la correspondiente clausura del lugar”, señalaron los fiscales de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) en su escrito.

Los fiscales Claudio Kishimoto, de la Fiscalía Federal 2 de Rosario, Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, de la Protex, aseguraron que la organización funciona desde al menos febrero del año pasado. De acuerdo a la investigación, “Mamu” es quien tomaba las decisiones de los negocios, atendía a los clientes, cobraba y administraba tanto la plata proveniente de la explotación del kiosco-almacén y el prostíbulo, como también de la venta de estupefacientes. Sus hijas y la mujer identificada como Marisa V. impartíann órdenes a las mujeres prostituidas y se encargan de la atención y el trato de los clientes a instancias de “Mamu”.

Sin embargo, el juez Bailaque aclaró que hoy sólo se les imputara el delito de “trata”.

Formalmente el juzgado 4 de los Tribunales Federales de Rosario lleva adelante la investigación disparada por una denuncia radicada en San Nicolás: una joven relató que fue captada por una mujer a la que identificó por su apodo, Mamu. Dijo que se había separado de su pareja en un contexto de violencia de género y recaló, en la búsqueda de un empleo, en el negocio de San Lorenzo. La denunciante apuntó que desde allí se organizaba un negocio ilegal de prostitución y también de venta de drogas prohibidas. Agregó que incluía a transportistas encargados de llevar a los clientes –la mayoría desde el puerto sanlorencino– y a las chicas hasta tres hoteles también bajo sospecha de integrar la organización. En el proceso de averiguaciones judiciales aparecieron además testimonios sobre la participación de miembros de fuerzas de seguridad –un policía provincial y un miembro de la Guardia de Infantería– y una posible complicidad del gobierno local con la banda, en este caso como “protector” y garante de impunidad.

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Para la pesquisa, Mamu llevaba adelante un clan delictivo que componían su pareja, sus tres hijas y sus respectivos yernos, uno de los cuales es policía, igual que otro uniformado que está mencionado como quien brindaba protección a la banda. Son once personas, más el protector municipal.

Según los testimonios, en el drugstore de Oroño al 800 se comercializaba droga y se acordaban los llamados pases a través del pago de copas, mientras que en tres hoteles se concretaban los servicios sexuales. Ambas actividades, sostiene la pesquisa, tenían su tarifa en dólares, habida cuenta de que sus clientes eran extranjeros embarcados que llegan a los puertos de la zona norte del cordón industrial. Las copas costaban 25 dólares y los pases 100 dólares.

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