La defensa del ex presidente había presentado un pedido, dentro del plazo establecido, para que Lula pudiera ejercer su derecho a voto en la primera vuelta de estas elecciones. El TRE -PR había negado anteriormente el pedido por una supuesta “imposibilidad técnica” de instalar urnas en la sede de la Policía Federal de la ciudad de Curitiba, donde Lula se encuentra preso desde abril.

Este miércoles reafirmaron esa negativa argumentando que no hay una cantidad suficiente de presos interesados en votar, en la unidad donde se encuentra detenido Lula, para que se justifique la instalación de una urna electoral en el lugar, la exigencia sería de al menos 20 interesados, pero la Policía Federal sin embargo no reveló la cantidad.

En su informe, el juez Jean Leeck reconoció que Lula tiene derecho a votar, ya que en Brasil esa potestad tan solo es suspendida cuando el condenado ha agotado todos los recursos en instancias superiores, lo que no es su caso, pero resaltó los problemas “técnicos”.

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El “argumento técnico” es utilizado por la justicia para pasa por encima de los derechos democráticos asegurados por la constitución. En cada movimiento el poder judicial sigue demostrando que estas elecciones están bajo su tutela, avanzando sobre derechos democráticos básicos, con diferentes ataques al derecho soberano del pueblo de decidir a quién votar, sea con la proscripción de la candidatura de Lula, en el impedimento de 3 millones de votos -la mayoría en el Nordeste del país bastión electoral del PT-, sea ahora con prohibición del voto del propio Lula.

La Izquierda Diario consultó a Diana Assunção, dirigente del Movimiento Revolucionario de los Trabajadores (MRT) y candidata a diputada por San Pablo ante el creciente autoritarismo por parte del poder judicial. Assunção señaló que ante el accionar del “partido judicial, la corporación mediática y la injerencia de los militares se hace cada vez más necesaria una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, no para establecer un nuevo pacto, como propone el PT, sino que sea impuesta por la lucha y que imponga medidas democráticas radicales. Una asamblea que pueda acabar con el pago de la deuda, imponer que todos los casos de corrupción sean juzgados por un jurado popular, que todo político, juez sea electo, revocable y gane como una profesora entre otras medidas para responder a la crisis económica, política y social del pueblo, país”.

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