La decisión la tomó el juez Ercolini. En el expediente quedó claro que los alquileres de propiedades eran reales, ocupados por empresas de los inquilinos, que se pagaron precios de mercado, que todo fue en blanco y bancarizado.

El juez federal Julián Ercolini redondeó ayer la escandalosa instrucción de la causa denominada Los Sauces elevando a juicio el expediente con Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia y otras 23 personas acusadas por asociación ilícita y lavado de dinero. La causa tiene el nombre de la sociedad de la familia Kirchner dedicada a comprar propiedades y alquilarlas y Ercolini sostiene que todos esos alquileres –principalmente a Cristóbal López, Fabián De Souza y Lázaro Báez– eran una especie de tapadera para esconder coimas por la obra pública. Sin embargo, en el expediente quedó en claro que todos los alquileres eran reales, ocupados por empresas de los inquilinos, que se pagaron alquileres a valores de mercado, que todo fue en blanco y bancarizado. Un detalle increíble de la causa Los Sauces es que fueron acusados tres escribanos por hacer escrituras y poderes, es decir, por hacer su trabajo. Y cuatro empleados del Banco Nación que todo lo que hicieron fue concretar una transferencia de la sucursal Río Gallegos a la sucursal Buenos Aires. Impresiona que el Colegio de Escribanos, la asociación de bancos y el gremio, no protesten por semejante atropello.

Los Sauces trata de ocho propiedades de los Kirchner, compradas entre 2008 y 2016, aunque la mayoría a cambio de otras propiedades o usando depósitos bancarios anteriores. Son ocho pequeñas casas en Río Gallegos, alquiladas a empresas de Lázaro Báez para que alojen a su personal; tres unidades en Puerto Madero –una en la que tenía su oficina central Cristóbal López y otra en el que vivía la ex esposa de Fabián De Souza–; un hotel en El Chaltén, el Aldea; el departamento en el que vive Florencia en la calle San José, en CABA; la casa de Cristina en Río Gallegos en la calle Moscariello.

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En la resolución de ayer aparece la acusación de que dos bienes figuran subvaluados, el hotel de El Chaltén y aquellos terrenos comprados por los Kirchner a 7,50 el metro cuadrado en Calafate, operación que también concretaron numerosos vecinos de la villa turística ya que fue una iniciativa de la municipalidad para urbanizar zonas. El principal referente de Cambiemos en Santa Cruz, Eduardo Costa, compró más lotes que los Kirchner a 7,50 pesos. Ercolini menciona valuaciones de esos dos bienes que no está claro de dónde salen.

La causa tiene un origen fraudulento. Los bienes eran parte del expediente Hotesur que en su momento instruía Claudio Bonadio. Sin embargo, el magistrado fue apartado por citar testigos y hacer pericias sin control de las defensas. No obstante, Bonadío armó una causa paralela, Los Sauces, que incluía una parte de los bienes de la causa Hotesur. Tuvo la complicidad de la Cámara Federal y el proceso fue tan fraudulento que tras dictar el procesamiento de Cristina, Máximo y Florencia, el propio juez Bonadio se declaró incompetente y le pasó el expediente a Ercolini, el juez que tenía Hotesur.

Carlos Alberto Beraldi, abogado de la familia de los ex presidentes y también de Cristóbal López y Fabián De Souza, demostró con pelos y señales que los alquileres fueron efectivamente pagados y que las operaciones siempre se hicieron a precios de mercado. En su escrito de ayer, Ercolini no pudo rebatir ninguno de esos argumentos. Cuando se allanaron las propiedades, siempre se encontró a los inquilinos, es decir que no se trataba de alquileres simulados sino reales.

Buena parte de la investigación la hicieron dos fiscales, Gerado Pollicita e Ignacio Mahiques, alineados con la coalición política-mediática-judicial con sede central en la Casa Rosada y sucursal en Comodoro Py. Su hipótesis es que Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Souza pagaban coimas por la obra pública y eso se disimulaba a través de alquilarle propiedades a los Kirchner. El total que cobró la familia presidencial durante siete años fue 26 millones de pesos; una cifra inexistente si se compara con los contratos de obra pública que, sólo en el caso de Báez, sumó mucho más de 20.000 millones de pesos. O sea que la proporción es muy inferior al 0,01 por ciento. Es evidente que una cosa no podía ser coima de la otra. Al mismo tiempo, el abogado de los Kirchner y también la defensa del contador Víctor Manzanares demostraron que la familia presidencial se dedicaba a esa actividad desde los años 70.

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Un detalle también asombroso es que los fiscales y el juez consideran una maniobra que Florencia Kirchner esté viviendo en el departamento de la calle San José sin pagarle alquiler a su propia familia. Y lo mismo ocurre con la casa de Cristina en la calle Moscariello de Río Gallegos, que también –según la acusación– debería pagarle alquiler a su familia. Lo llamativo es que eso se incluye como parte de los delitos de la supuesta asociación ilícita. A Florencia la incluyen desde 2010, tras la muerte de su padre, con el argumento de que desde entonces es vicepresidente de la sociedad.

En el largo listado de personas enviadas a juicio ayer hay tres escribanos y cuatro empleados bancarios. Se los sindica como parte de la asociación ilícita por inscribir un poder de Néstor y Cristina Kirchner a nombre de Máximo o por hacer una escritura. En el caso de los empleados del Banco Nación se los hace parte “de la banda” por hacer una transferencia desde la sucursal Río Gallegos a la de CABA sin consignar que el dinero se originó en la ex presidenta, pese a que los fondos siempre estuvieron bancarizados y se usaron para comprar el departamento donde vive Florencia. Lo insólito es que se imputa a escribanos por trabajar de escribanos y a bancarios por trabajar de bancarios. Esto abre un camino insospechado para el futuro: si uno hace su trabajo y resulta que después, mucho después, acusan penalmente a un comprador o vendedor, el escribano, contador o bancario puede ser tomado como parte de la banda.

El caso Los Sauces, así como Hotesur, plantea un problema abordado hoy en el mundo entero: qué es lo que pueden hacer y no hacer los presidentes con sus bienes durante sus respectivos mandatos. Es algo discutido en Estados Unidos con Donald Trump o en Chile con Sebastián Piñera. Algo de lo más grave en este terreno ocurrió en la Argentina en el actual mandato en que la familia Macri vendió empresas de peaje, de aviación y de construcción después de haber dictado normas clarísimas del Estado que subieron a las nubes las cotizaciones de esas empresas. Y ni hablemos de la causa del Correo, en que el gobierno de Macri intentó firmar un acuerdo favorable a la empresa de los Macri.

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El dato llamativo es que Ercolini ya tuvo que resolver una situación idéntica al de la causa Los Sauces, cuando los Kirchner fueron acusados por alquilarle un hotel a un concesionario de obra pública, el fallecido Juan Carlos Relats. El hotel se llamaba Los Sauces, aunque no está en la causa que se elevó a juicio ayer. Y Ercolini sobreseyó a los Kirchner en 2011 porque consideró que no había incompatibilidad en concretar un alquiler a un adjudicatario de obra pública.

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