Desde el gobierno explican con argumentos falaces que Mendoza tiene más de 5.500 letrados en ejercicio y que esta “explosión demográfica” de profesionales en este rubro le juega en contra a un proyecto de justicia más ágil y eficiente. Dicen, las marionetas de Cornejo que hoy se encuentran en el Colegio de Abogados, que esta reforma tiende a «hacer un replanteo respecto a qué tipo de profesionales necesita la provincia».

Por otro lado, el Gobierno sostiene, que la alta cantidad de abogados genera una mayor litigiosidad en la provincia. ¿Pero acaso el Gobernador y sus secuaces se olvidan que eso es lo que nos enseñan cuando ingresamos a la carrera? ¿Acaso no deberíamos replantear los planes de estudios para de verdad cambiar el tipo de profesionales que somos? O, simplemente, ¿es más fácil coartar el derecho a trabajar de los estudiantes?

Una vez más la UCR de la mano de Cambiemos deciden, arbitrariamente, cercenar derechos. Al parecer estudiar, al menos, 5 años y rendir entre 30 y 45 materias no es suficiente para permitirnos ejercer la profesión.

Pero esta ley, que pretende ser sancionada, con el ya dado aval del Colegio de Abogados, es reaccionaria en, al menos, dos aspectos. En primer lugar, porque da un golpe contra el carácter de «profesión libre» en el ejercicio de la abogacía, modificando desde el vamos el artículo 1 de la Ley 4.876 y estableciendo que ahora los abogados pasan a ser «auxiliares de justicia» que en realidad es una definición que corresponde al personal del Estado. El otro aspecto está en la discusión misma de por qué poner un límite a la matriculación con estos exámenes, cuando las universidades, cuya evaluación ya ha realizado el Ministerio de Educación y ha comenzado la Coneau, se supone que forman para que puedas ejercer libremente.

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Otro aspecto fundamental es que esta ley, que tiene gravísimos errores jurídicos, restringe el ejercicio de un título de una Universidad Nacional con una ley provincial. En este sentido, conforme a la ley 24.521 las instituciones universitarias tendrán autonomía académica e institucional, que comprende básicamente otorgar grados académicos y títulos habilitantes. Queda en claro que este gobierno no quiere mejorar el nivel o la calidad de profesionales, simplemente está haciendo un negocio con el Colegio de Abogados para que de ahora en más los que egresen tengan que estar todavía más años trabajando como junior sin matrícula, para los bufetes, es decir, precarizando al recién recibido.

Ante esta ley discriminatoria, reaccionaria y coartadora de derechos por excelencia le decimos al gobierno que no nos vamos a quedar callados y que estamos dispuestos a luchar por nuestro derecho a trabajar, el mismo que quizás se han olvidado, nos otorga el artículo 14 de la Constitución Nacional.

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