Organismos de derechos humanos y organizaciones sociales de Corrientes repudiaron las amenazas al fiscal federal Flavio Ferrini y exigieron que se esclarezca su origen. El magistrado que en agosto pidió que se investigue al empresario Adolfo Navajas Artaza por desapariciones de dirigentes sindicales durante la dictadura demostró “un claro compromiso con la justicia y la verdad” en causas de lesa humanidad y en delitos complejos como “criminalidad económica, trata de personas y narcotráfico”, destacaron la Comisión de Derechos Humanos, el Espacio de Memoria Regimiento 9 y la CTA provincial, entre otros. También la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional remarcó la “gravedad institucional” de las amenazas y se solidarizó con el fiscal.

Ferrini recibió tres mensajes anónimos escritos con computadora con advertencias sobre un plan para entrar a robar a su casa. La información menciona una charla entre un miembro del área de toxicomanía y drogas de la policía de Corrientes y supuestos ladrones a quienes encomienda la tarea, informó el diario El Litoral. En los escritos se refieren al “fiscal federal que tiene a su cargo la causa Sapukay”, un operativo que puso en evidencia la actividad transnacional de una organización narcocriminal asentada en Itatí, con vínculos policiales y políticos. “Se están haciendo investigaciones derivadas del narcotráfico. En ese marco se reciben estos amedrentamientos. Más que preocuparnos nos ocupa mucho”, dijo el fiscal general Carlos Schaefer al portal Corrientes en el Aire. “Este accionar mafioso, provenga de donde provenga, no debe ser tolerado en un Estado que se denomine democrático”, señalaron los organismos.

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Ferrini encabezó la acusación en la causa denominada “Las Marías”, el establecimiento yerbatero de los Navajas Artaza, por delitos de lesa humanidad en Gobernador Virasoro. Pidió seis años de prisión para el coronel retirado e intendente de facto Héctor Torres Queirel, finalmente absuelto. En su alegato pidió que remita al juzgado de Paso de los Libres las pruebas sobre la responsabilidad de Adolfo Navajas Artaza en los crímenes de lesa humanidad contra los trabajadores sindicalizados vinculados a su establecimiento. Fundó su pedido en planillas de personal de Las Marías donde aparecen marcados con cruces y círculos trabajadores que después fueron secuestrados y en algunos casos desaparecidos.

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