Mientras el Senado de la Nación le devolvió a la Cámara de Diputados la Ley de Extinción de Dominio, en la Provincia de Santa Fe inician una experiencia modelo: el remate de vehículos propiedad de bandas delictivas, y la asignación de ese dinero a obra pública en escuelas y hospitales.

Matías Figueroa Escauriza, titular de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) de la Provincia de Santa Fe, informó que se estima recaudar alrededor de $ 3,5 millones en la primera subasta de bienes decomisados provenientes del delito, que se prepara para septiembre.

Consecuencia de la Ley provincial N°13.579, Santa Fe es la 1ra. provincia que ejecuta esta forma de recupero del dinero del delito: 1 Audi A5 3.2 quattro; 1 BMW 323i, 1 BWM 330i y 1 BMW 325; 1 Mini Cooper S; 1 Hyundai Santa Fe; y 1 Peugeot 208 GT, entre otros vehículos.

La legislación fue reglamentada con la firma del Decreto N°276/18 del gobernador Miguel Lifschitz.

La Aprad coordina y sistematiza información sobre los bienes y derechos involucrados con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y las Oficinas de Gestión Judicial (OGJ).

La repartición realiza un inventario de bienes que recibe, inmuebles, rodados o dinero en efectivo, producto de los allanamientos e incautaciones y determina, primero, la posibilidad de restituir el bien a la persona que fue víctima de un determinado ilícito.

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Figueroa Escauriza explicó: «Subastaremos 20 autos, muchos de ellos de alta gama, que fueron sustraídos en diferentes allanamientos e incautaciones por hechos delictivos».

Y él agregó que le seguirán otras subastas públicas de distintos bienes decomisados en varios operativos.

En los considerando, Lifschitz afirmó que se trata de «devolverle a la sociedad el dinero que los grupos delictivos le robaron. Buscamos atacar a las organizaciones criminales donde más les duele, que es el poder económico que tienen».

En otra acción, el Estado provincial pasó a su nombre inmuebles arrebatados a bandas en distintos operativos en la provincia. Por ejemplo, 4 casas en Melincué decomisadas a una red de prostitución, que rondan los $ 6 millones.

«A partir de ahora, ya están a nombre de la provincia y se utilizarán para distintos fines sociales», detalló el funcionario provincial sobre las viviendas de la localidad del sur provincial, que cuentan, cada una, con 2 dormitorios, cocina, comedor, baño y una galería techada para usar como cochera.

Según dijo el funcionario, «es la primera vez en la historia que el Ejecutivo provincial concreta la escrituración de un inmueble decomisado por delitos penales, instrumentando realmente el cambio de titularidad, que pasa a nombre del gobierno de Santa Fe».

En la presentación en sociedad de la Aprad, el ministro de Justicia provincial, Ricardo Silberstein, manifestó: «A nivel nacional se debate la extinción de dominio por parte de los bienes que provienen del delito. Pero Santa Fe no espera esa norma y aprueba una ley por la cual, después de seis meses, los bienes se rematan para que la sociedad reciba lo producido». 

Él agtregó: «Es un sustituto eficiente, mientras aguardamos la ley nacional, y para todos los delitos como parte de un proyecto político alternativo en el país».

Eel ministro de Seguridad de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, calificó la inauguración de la agencia como «un paso importantísimo, uno de los más importantes que hemos dado como Estado provincial en la pelea contra el delito organizado».

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