Son seis efectivos de la Prefectura que fueron juzgados por golpear, amenazar y someter a simulacros de fusilamiento a dos miembros de la organización La Poderosa de la Villa 21-24. La fiscalía y las querellas solicitaron penas de 12 a 18 años de prisión.

Los seis prefectos acusados de torturar a dos chicos de la organización La Poderosa en la villa 21-24 de Barracas, escucharán hoy la sentencia del Tribunal Oral 9, en una audiencia que se realizará desde las 10.30 en el Palacio de Tribunales. La fiscalía y las querellas solicitaron penas que van de los 12 a los 18 años de prisión, por entender que todos fueron coautores del calvario sufrido, desde las 23 del 24 de septiembre de 2016 hasta las 7 del día siguiente, por Iván Matías Navarro y Ezequiel Villanueva Moya. Ambos fueron detenidos sin causa alguna, golpeados en una garita de la Prefectura Naval Argentina (PNA), sometidos a un simulacro de fusilamiento, subidos a un móvil de la fuerza en el que siguieron recibiendo golpes y luego llevados por la fuerza a la orilla del Riachuelo. En ese lugar, primero les ordenaron arrojarse a las aguas y luego los hicieron correr bajo la amenaza de que el más lerdo sería asesinado.

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Las abogadas querellantes Gabriela Carpinetti, por La Poderosa, y Agustina Lloret, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), quienes representan a cada una de las víctimas, coincidieron en pedir quince años de cárcel para los imputados Leandro Antúnez, Osvaldo Ertel, Ramón Falcón,  Orlando Benítez y Eduardo Sandoval, y 12 años para Yamil Marsilli. La fiscalía solicitó entre 16 y 18 años para los seis imputados. El juicio, que comenzó el 11 de mayo, se realiza en la misma sala donde, en 1985, fueron juzgados y condenados los ex comandantes responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura militar.

En diálogo con PáginaI12, Carpinetti, que representa a Iván, señaló que “los prefectos han reconocido en el juicio su participación en los hechos, aunque trataron de desligarse de la responsabilidad que les cabe y que quedó demostrada durante el proceso”. La abogada recalcó que este juicio “tiene que marcar un hecho histórico y condenar como corresponde, por torturas y no por delitos menores, a integrantes de una fuerza de seguridad que actúa de esta manera en forma sistemática”. Agregó que “esto tiene que servir para tantos otros casos protagonizados por fuerzas de seguridad que nunca llegan a juicio y quedan impunes”.

Carpinetti resaltó que “para que se llegara a juicio fue muy importante el acompañamiento que llevan adelante La Poderosa y otros organizaciones sociales y de derechos humanos, porque es muy difícil para los familiares de las víctimas afrontar las amenazas, presiones y agresiones sufridas durante el proceso, algo similar a lo que ocurre con los habitantes de los barrios humildes que día a día sufren violencia institucional”. Insistió en que “es muy importante llegar a una condena, que sería la primera desde que asumió (Patricia) Bullrich”, la ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri, que ha respaldado el accionar represivo.

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Por su parte, Agustina Lloret, del CELS, quien representa a Ezequiel, le dijo a este diario que “si bien hubo un reconocimiento de los imputados sobre su participación en los hechos, no fue una confesión, sino una estrategia para tratar de quedar en un mejor lugar ante los jueces, fue un manotazo de ahogado frente a una acusación, a una prueba muy sólida”. Aseguró que reconocer los hechos los hechos “intentó ser una muestra de arrepentimiento que no es tal, porque algunos de ellos estuvieron prófugos y recién ahora intentaron mostrar un falso arrepentimiento”.

“Todo el relato de los acusados fue falso y trató de minimizar lo ocurrido, hasta mencionar que sólo fue un ‘correctivo’ cuando está claro que fueron torturas cometidas por un grupo de siete personas (hay un prefecto que todavía no llegó a juicio) que atacó a dos chicos que estaban esposados y en inferioridad numérica, en una acción descabellada, con el agravante de la nocturnidad, del hecho que los llevaron a distintos escenarios, incluyendo el Riachuelo, creando en los chicos la incertidumbre de si iban a salir con vida”.

Puntualizó que esa noche “las calles aledañas al Riachuelo estaban en medio de arreglos, al punto que era casi imposible llegar en autos; los hicieron ir a pie en medio de amenazas de muerte y golpes, cuya existencia ha quedado acreditada en el juicio, además de las lesiones psicológicas que sufrieron los chicos”.

Uno de los momentos más dramáticos vividos por los chicos fue cuando a Iván le pusieron un arma en la boca como si lo fueran a matar y hasta hicieron un disparo que pasó cerca de su cuerpo. Hoy, desde las 10.30, los imputados tendrán oportunidad de decir sus últimas palabras ante los jueces, que luego abrirán un cuarto intermedio al término del cual se conocerá el veredicto, es decir la condena y los años de cárcel, o la absolución, según lo que decida el Tribunal, que en días posteriores darán a conocer los fundamentos del fallo. Además de las penas, los querellantes pidieron una serie de medidas que acompañen la sanción y junto con la fiscalía, que se les prohíba de por vida volver a ser miembros de una fuerza de seguridad.

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