En una resolución dictada a fines de la semana pasada, el juez Sergio Torres se expidió sobre la situación procesal de los 69 manifestantes que fueron detenidos en las jornadas de diciembre pasado.

Previamente, desde el mismo juzgado de Comodoro Py, se había ordenado la detención de Daniel Ruiz, militante del PSTU y obrero petrolero.

A simple vista, la resolución de Torres podría parecer favorable a los manifestantes, ya que dictó el sobreseimiento de 56 de ellos.

Sin embargo, el dictamen no termina allí: llama a indagatoria a 11 manifestantes, imputándolos por atentado y resistencia a la autoridad, basándose en una investigación que realizó la misma Policía de la Ciudad, que “casualmente” fue la misma que reprimió salvajemente aquel 18 de diciembre.

La legisladora porteña por el PTS FIT expresó en sus redes la gravedad de esta resolución, que a ningún trabajador, a nadie que quiera enfrentar los planes de ajuste del macrismo debe pasar desapercibida.

Esa “investigación”, a la que en Comodoro Py dedicaron casi nueve meses, no fue más que un minucioso análisis, que el Juez no califica en este caso como violatorio de las libertades individuales, de los perfiles de las cuentas de facebook de los manifestantes y sus compañeros. Toma también como válidas las declaraciones testimoniales de los policías, que parecen copiadas y pegadas de un modelo donde entre otras cosas se repiten textuales, y mal redactadas, las siglas de partidos de izquierda.

De esta manera, “aislando” a este grupo de la “pacífica” movilización, se prepara para criminalizar a los manifestantes, sobre todo a militantes de izquierda, y sentar un precedente grave contra el derecho a la manifestación y al derecho a expresar la justa bronca contra el ajuste brutal del gobierno. Torres crea así, como nos tiene acostumbrado el Poder Judicial, un “enemigo” o “demonio”, que le permite legitimar la brutal represión.

Esta operación que realiza Sergio Torres es alevosa: generar la idea de que la responsabilidad de un “grupo violento” es el responsable del “caos” generado en la Plaza del Congreso, minimizando el accionar brutal de la Policía, que avanzaba desde las vallas en Congreso, disparando y arrojando gases desde las motos, ahogando y asfixiando a la gente que quedaba aprisionada en las calles. En ese raid represivo que llegó hasta la 9 de Julio, es que detuvieron a la mayoría de los manifestantes.

Del otro lado, el Juez imputa a algunos policías aislados que, como “no contaron con un protocolo de actuación” en manifestaciones pusieron en “serio compromiso las garantías constitucionales”. No hubo, según el magistrado, una acción policial planificada contra la enorme manifestación, sino el accionar de otro “demonio”, los policías violentos, que, además recordemos, actuaron en muchos casos de civil. Como señaló Myriam Bregman, “Tan parecido a la teoría de los dos demonios que abruma…”

La resolución de Torres no es más que un ataque a la libertad de manifestación y un avance en la utilización de inteligencia y lo que les gusta nombrar como “cyberpatrullaje” que no es más que la persecución a los que luchan y a la izquierda.

Hay que decir también que por parte de las fuerzas de seguridad, solo vienen poniendo trabas para que se identifique a los policías que agredieron a manifestantes y diputados opositores en las manifestaciones de diciembre pasado.

Como planteó la legisladora del PTS FIT y abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, sin dudas “todxs deben repudiar este avance contra el derecho a manifestarse”, porque el objetivo del gobierno y el Poder Judicial y para eso preparan a sus fuerzas represivas, es pasar el ajuste a los palos, balazos y cárcel contra los que luchan para impedirlo.

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