Durante la jornada del jueves, el Concejo Deliberante de Berisso sesionó con solo una ausencia (la de Jorge Pagano del Bloque Peronista) pero no faltaron cruces, insultos, amenazas de carpetazos y amague de trompadas entre los propios ediles.

Estaban presentes en el auditorio, familiares de la comunidad educativa, padres, madres y docentes que vienen sufriendo todos los problemas que aquejan a la educación pública sumado a las consecuencias de 4 meses ininterrumpidos de amenazas de bombas en las escuelas locales. Junto a ellos se encontraban médicos comunitarios, personal del SAME, enfermeras y personal de Unidades Sanitarias quienes gobierno tras gobierno sufren las políticas de desabastecimiento del sistema de salud.

El proyecto para declarar la Emergencia Educativa había sido presentado por el docente Quillén Córdoba, tomado y llevado al recito por el bloque PJ-Unidad Ciudadana y apoyado en los votos por el Frente Renovador y Primero Berisso; por su parte, el de Emergencia Sanitaria había sido impulsado por la mesa de Defensa de la Salud Pública (conformado por ATE, CTA Autónoma y CICOP). Ambos señalan y reclaman la superación de los enormes problemas que afrontan los sectores de educación y salud públicas, agravados a puntos insostenibles con los nuevos lineamientos del gobierno Nacional a las políticas del FMI.

Sin embargo y pese a la gravedad de la situación, hubo lugar para acusaciones de carpetazos, insultos y reparto de culpas; el punto culmine del ridículo fue durante el receso cuando el concejal Carlos Festa (Bloque Primero Berisso) tomó un cuaderno “Gloria” de la banca de Lucas Leonio (Frente Cambiemos) y lo arrojó a un pasillo asignado a los bloques; la provocación fue fuerte y ambos se enfrentaron cara a cara y tuvieron que ser separados por otros ediles ante la mirada atónita de las personas que reclamaban por sus condiciones a estos “representantes”.

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Pero la realidad que vive el pueblo trabajador y sus problemas son muy diferentes a las peleas palaciegas de los funcionarios. En Moreno una explosión en una escuela terminó con la vida de dos trabajadores de educación; en el Hospital Evita de Lanús un trabajador de limpieza y un paciente que salía del quirófano cayeron por el hueco de un ascensor; un docente en Melchor Romero tuvo que ser internado tras electrocutarse en una escuela por una mala instalación, en el Hospital Gutiérrez se cayó parte del techo del quirófano durante una cirugía; en el Hospital Presidente Perón de Avellaneda se incendió la cocina y tres trabajadores tuvieron que ser asistidos; el CESAC Nº14 de Villa Cildañez quedó reducido a cenizas luego de una explosión; en Villa Lugano hubo una explosión seguida de incendio en un centro de Salud que estaba en obra suspendida hace varios meses.

Desde que asumió Cambiemos hubo más de mil despidos en el Hospital Posadas; este año PAMI planea ahorrarse 1.450 millones de pesos sólo en recortes en medicamentos oncológicos; la falta de antirretrovirales afecta a 77 mil pacientes con HIV; producto de un nuevo ajuste 750 mil niños de 11 años no recibirán vacuna contra la meningitis este año. Se eliminan los Ministerios de Salud y de Trabajo; del Ministerio de Educación ahora dependerán también Ciencia y Técnica.

Estas son algunas noticias recogidas de los últimos meses centralmente de la provincia de Buenos Aires, una provincia que representa al 39% de la población del país, para la cual los presupuestos destinados al cuidado sanitario y a educación siempre han estado por debajo de las necesidades reales. Ni la década ganada ni la revolución de la alegría trajeron soluciones para las y los trabajadores de hospitales, docentes, estudiantes y pacientes.

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Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner salieron del país más de 200 mil millones de dólares destinados al pago de deuda externa; en 2019 y por el nuevo acuerdo del gobierno de Mauricio Macri con el Fondo, el plan es recortar 300.000 millones de pesos del presupuesto anual. No hay partido del régimen que esté en contra del pago de la fraudulenta deuda pública, aun cuando el dinero de la fuga de capitales solo en los primeros 7 meses del año sea el equivalente a 22 presupuestos anuales de salud o a 23 años de presupuesto para educación.

Pero poco a poco no habrá trabajador, trabajadora o estudiante que no comprenda que el saqueo no puede frenarse con devolverle los subsidios al transporte y los servicios o “ajustar” las magras retenciones al campo y repartir planes o asignaciones familiares por debajo de la línea de pobreza, menos aun si para ello hay que esperar un año durante el cual las burocracias sindicales continuarán su plan de contención y entrega.

La experiencia ya empezaron a hacerla los 3 mil obreros del Astilleros Rio Santiago, que junto a sus familias salieron a las calles de La Plata en unidad con estudiantes y trabajadores de la educación y distintos sectores en lucha para pararle la mano al gobierno, del cual tuvimos una muestra enlas calles de nuestra ciudad, como en la vecina localidad de Ensenada. A algunos kilómetros de aquí, también las y los trabajadores del Hospital Posadas de Morón rompieron un enorme cerco mediático luchando por sus demandas vinculados a los vecinos y usuarios del sistema de salud pública; y en distintos puntos del país se han desarrollado multitudinarias movilizaciones y paros docentes, junto a estudiantes que realizan las cada vez más numerosas asambleas que deciden tomas de facultades nacionales y la solidaridad con todas las luchas.

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Ni el oficialismo ni la llamada oposición generarán una solución a la actual crisis económica porque ello implicaría poner en cuestión al propio régimen que los sostiene; solo el pueblo trabajador organizado puede dar una salida de fondo discutiendo cómo enfrentar el saqueo y reorganizar a economía en favor de los intereses de las grandes mayorías, para que la crisis de una vez por todas la paguen quienes la originaron.

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