El viernes 31 empieza, por la radio y la televisión, la propaganda política frente para las elecciones del 7 de octubre. Al contrario de en ocasiones anteriores, será una campaña corta: 35 días en lugar de los 45.

Pero lo que realmente importa, lo que abre inmensa expectativa en los brasileños, es saber si el favorito absoluto, el ex presidente Lula da Silva, estará en el programa de estreno de su partido, el PT (Partido de los Trabajadores). Él está legalmente inscrito como candidato a presidente, acompañado del ex alcalde de San Pablo y ex ministro de Educación en su gobierno, Fernando Haddad, como postulante a la vicepresidencia. Por lo tanto, tiene el derecho, asegurado por ley, de aparecer en la televisión y ser oído en la radio.

Ocurre que Lula está, desde abril, en una celda de la Policía Federal en Curitiba, condenado en un juicio arbitrario, sin indicio alguno, qué se dirá de pruebas.

¿Qué pasará? ¿Se cumplirá la ley y se respetarán sus derechos asegurados?

¿Permitirán que los videos grabados antes de su prisión sean mostrados?

Tan pronto se confirmó el registro de Lula como candidato, llegaron al Tribunal Superior Electoral 16 pedidos de impugnación. Fue concedido un plazo –el jueves 30 de agosto, víspera del comienzo de la propaganda electoral–, para que la defensa de Lula se manifieste. A no ser que el juez en cuestión decida en menos de 24 horas, no tendrá cómo impedir que Lula aparezca. Y, con eso, amplíe aún más su capacidad de transferir votos a Fernando Haddad, en caso de que sea posteriormente impedido con base en algún artificio legal.

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Los últimos sondeos divulgados dejan claro de toda claridad que muy posiblemente Lula sería elegido en la primera vuelta, y si no lo lograra, aplastaría a todos los adversarios en una eventual segunda.

La determinación de estirar la soga hasta el último límite tuvo el efecto de transformarlo en protagonista central y determinante de todo el proceso electoral. Todo gira a su alrededor.

El resultado de tanta indefinición hace de las elecciones de este año las más convulsionadas desde el retorno de la democracia, en 1985, luego de 21 años de una dictadura militar ampliamente apoyada por los dueños del capital y los representantes de intereses extranjeros en Brasil. Los mismos, a propósito, que apoyaron el golpe institucional que destituyó Dilma Rousseff en abril de 2016 y culminó con la prisión arbitraria de Lula dos años después.

El candidato de la derecha, el ex gobernador de San Pablo Geraldo Alckmin, permanece estacionado en los sondeos electorales con alrededor de 5% de las declaraciones de intención de voto.

Frente a semejante cuadro, el dólar trepó vertiginosamente, alcanzando la marca de los 4,50 reales en las casas de cambio. De inmediato surgieron comentarios irónicos, diciendo que en poco tiempo la moneda norteamericana superará a Alckmin.

El candidato de la extrema-derecha, el capitán reformado del Ejército y diputado Jair Bolsonaro, es el segundo en los sondeos, con 19% contra los 39% ostentados por Lula da Silva. Frente al probable fracaso de Alckmin, él viene conquistando adeptos entre los dueños del capital, pese a su discurso homofóbico, racista, misógino e increíblemente plagado de estupideces de elevadísimo calibre, además de desconectado de cualquier racionalidad.

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La solución está, pues, en manos de los magistrados tanto del Tribunal Superior Electoral como, en última instancia, de la Corte Suprema.

Por las señales emitidas hasta ahora, se seguirá atropellando la Constitución y las más elementales reglas del derecho.

Lula fue condenado por un juez provinciano y absurdamente parcial, y la sentencia fue ampliada por la instancia superior, cuyo presidente no tuvo problema alguno en elogiar la sentencia inicial antes siquiera de haberla recibido formalmente, cuando más de haberla leído.

Los grandes medios de comunicación siguen con su determinación obtusa de ignorar a Lula, descartando los sondeos. Los magistrados, a su vez, siguen ignorando centenares de manifestaciones de juristas de todo el mundo (para no mencionar a los brasileños) en defensa del ex presidente.

La hegemónica TV Globo decidió no permitir la aparición, en sus noticieros, de Lula y Haddad, en una más que flagrante violación de toda y cualquier ley electoral.

Resta por ver si la determinación del Comité de Derechos Humanos de la ONU, indicando que Lula tiene pleno derecho de participar de la campaña también será atropellada por los magistrados brasileños. Teórica y legalmente, Brasil está obligado a cumplirla.

A menos que ocurra una sorpresa, la determinación será ignorada. Es que contra Lula no hay límites para las arbitrariedades y abusos.

Hoy por hoy, todo indica que en la segunda vuelta se enfrentarán la extrema-derecha de Bolsonaro, y el heredero de Lula.

Es decir: los autores y principales protagonistas del golpe institucional estarán fuera. Habrán destrozado el país en vano.

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