Contra su jurisprudencia histórica, el TOF 4 rechazó ayer la excarcelación del empresario Núñez Carmona, igual que lo había hecho con Nicolás Ciccone y se descuenta que hará con Amado Boudou. La decisión final ahora pasó a Casación.

El tribunal oral que el martes hizo trizas su jurisprudencia al encarcelar a Amado Boudou sin esperar la revisión de su sentencia rechazó ayer la excarcelación de José María Núñez Carmona, condenado también en el caso Ciccone y preso en el penal de Ezeiza. El pedido de liberación del empresario, formulado por su defensa y avalado por el fiscal de juicio Marcelo Colombo, chocó una vez más con el voto mayoritario del Tribunal Oral Federal 4 compuesto por Pablo Bertuzzi y Néstor Costabel, que un día antes se pronunciaron en igual sentido en el caso de Nicolás Ciccone. La jueza Gabriela López Iñiguez, una vez más en disidencia, consideró que Núñez Carmona debe permanecer en libertad hasta que la condena quede firme. La decisión será revisada en los próximos días por la sala IV de la Cámara de Casación Penal.

Bertuzzi y Costabel argumentaron en su resolución que a Núñez Carmona “se le impuso una pena de prisión de considerable magnitud” (cinco años y medio de prisión) y, tal como sostuvieron en la sentencia, sugirieron que “los riesgos procesales objetivos de elusión o fuga” del empresario “se vieron incrementados” por “las extraordinarias características del complejo emprendimiento criminal”. Como respaldo invocaron a la Oficina Anticorrupción, querellante en el proceso, que advirtió sobre testigos que “revelaron haber padecido episodios de amenazas, amedrentamiento o acoso”.

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López Iñiguez, en disidencia, priorizó la vigencia del “principio de permanencia en libertad durante la sustanciación de todo proceso penal”. “El encarcelamiento sin condena firme sólo puede aplicarse excepcionalmente y cuando se considere que existe en el caso concreto peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación”, escribió la magistrada. La postura solitaria de López Iñiguez fue en realidad la posición histórica del Tribunal Oral Federal 4, que antes había condenado a Carlos Menem, a Domingo Cavallo, a Raúl Granillo Ocampo, a los empresarios de la efedrina, entre otros, pero en todos los casos les permitía esperar las apelaciones en libertad.

El abogado Matías Molinero, defensor de Núñez Carmona, pidió el martes que su cliente siguiera en libertad hasta que la sentencia sea revisada por instancias superiores. Esa misma noche, por el voto mayoritario,  fue trasladado al Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza. “Mi asistido ha estado siempre a derecho a lo largo de toda la instrucción y de todo el juicio, tanto en éste como en los demás procesos que lo tienen como protagonista”, sostuvo Molinero en su presentación ante el TOF 4. La solicitud había sido avalada además por Colombo, el fiscal del juicio.

“Cambiamos. Este caso será una bisagra”, fue la explicación invocada por el tribunal para cambiar su postura histórica, explicó la periodista Irina Hauser. “El argumento de Bertuzzi y Costabel no está escrito, no tiene fundamento. En privado dicen que ‘cambiaron los tiempos’, lo que traducido significa que la política ahora demanda más persecución”, informó. La apelación al rechazo llegará la próxima semana a la sala de Casación que integran Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani.

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El mismo martes de la sentencia, el juez Bertuzzi –uno de los dos que en línea con los deseos del gobierno de Cambiemos ordenó encarcelar a Boudou– recibió el aval de la Cámara de Casación Penal para que el Poder Ejecutivo firme su traslado a la Cámara Federal, un tribunal estratégico de Comodoro Py, que revisa las causas de corrupción e imparte directivas a los jueces inferiores. El mismo Bertuzzi había sido recusado por las defensas del ex vicepresidente y de Núñez Carmona porque en pleno juicio intentaba negociar con el gobierno su cambio de tribunal sin pasar por un concurso.

Boudou fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. Núñez Carmona recibió una pena cuatro meses menor y Ciccone, dueño de la imprenta, de 4 años y 6 meses, aunque bajo arresto domiciliario. Alejandro Vandenbroele, presentado como una especie de colaborador aunque no era arrepentido en el juicio, logró una pena baja, de dos años de prisión en suspenso.

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