El ex titular de Iecsa dejó involucrado al Grupo Macri y al Presidente en el reconocimiento de pagos irregulares a funcionarios. El Gobierno intenta mantener la confianza en la realización de las obras, sin suerte. ¿Hasta dónde se extenderá la crisis?

¿Hasta dónde llega el escándalo de las fotocopias de los cuadernos del ex chofer de Planificación? ¿El cartel de empresas de la obra pública decidió quemar las naves e inmolarse en el naufragio? ¿Tiene el gobierno el control de las consecuencias políticas y económicas del escándalo? Uno de las novedades más fuertes de la semana en el caso, desde una perspectiva política, fue el reconocimiento que hizo Angelo Calcaterra del mecanismo de pagos en negro a funcionarios de los que dependen las contrataciones del sector, y que desde la recuperación del Correo Argentino por el Estado argentino se generó una tirantez entre la familia Macri y el kirchnerismo que aún no se cerró. Calcaterra es un ex alto directivo de Socma, es primo del presidente Macri y admitió, además, haber consultado con éste, el fin de semana pasado, los argumentos con los que se iba a presentar ante los tribunales para reconocer y justificar los pagos irregulares supuestamente destinados a funcionarios. El otro dato curioso fue el intento del ministro de Transporte de tranquilizar a banqueros comprometidos en la financiación de los contratos, y a la plaza financiera internacional en general, de que el escándalo “no alterará el proceso” de realización de obras previsto. No eligió el mejor día: el viernes se aceleró la corrida cambiaria y financiera contra todo tipo de activos de procedencia argentina. En ese contexto, no son pocos los que afirman que el escándalo de la obra pública prolongará y profundizará la crisis ya instalada en la economía argentina.

Muchos interrogantes para responder cuando aún se transita por los primeros eslabones de lo que puede convertirse en un estallido en cadena. El esfuerzo de Guillermo Dietrich, titular de Transporte, por convencer primero a las principales figuras de nueve bancos ligados al financiamiento de la obra pública, y luego al mundo de las finanzas a través de una entrevista con un medio especializado de Nueva York, de que nada cambiará y que la casa está en orden, sólo pudo haber recibido miradas suspicaces. El funcionario pretendió dar garantías, a los mismos interlocutores, de que “los contratos serán honrados y las compañías no serán sancionadas por lo que sus empleados hayan hecho”, garantizando que todas las firmas involucradas podrán seguir trabajando en los proyectos en marcha y competir en los nuevos que se liciten. Pero mientras intentaba infundir ánimo a través de estas palabras, Angelo Calcaterra (ex Iecsa-Socma) y Luis Betnaza (Techint) se ocuparon, sin proponérselo, de desmentir sus dichos: no fueron empleados infieles, sino las propias empresas las que impartieron la orden de ejecutar los pagos que ahora se cuestionan.

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La firma constructora Iecsa fue una de las más favorecidas por la contratación de obra pública durante el período kirchnerista en volumen de negocios. Al momento de la asunción de Macri mantenía contratos, en ejecución o ya adjudicados, por unos 3.500 millones de dólares, según fuentes especializadas. Hasta 2007, la firma perteneció formalmente al grupo Socma, pero en ese año se cerró una operación entre integrantes del clan familiar por la cual Angelo Calcaterra, hijo de Pía Macri, hermana de Franco, adquiere Iecsa y la desarrolladora inmobiliaria Creurban. Asociado a la firma italiana Ghella, mantuvo la titularidad hasta el cambio de gobierno.

Aunque a lo largo de los doce años de gobiernos kirchneristas las empresas de Socma-Iecsa nunca dejaron de verse favorecidas por las adjudicaciones de obra pública, Calcaterra apuntó un hecho que abrió una profunda herida en el clan Macri: la renacionalización del Correo Argentino. “La relación tirante con ellos empieza en realidad cuando a Franco le sacan el Correo y lo empiezan a volver loco, lo persiguen y casi lo ponen preso. Franco había invertido 300 millones de dólares y le sacaron el Correo de un plumazo”, explica hoy Calcaterra casi justificando una persecución en sentido contrario.

En esos años, Iecsa obtuvo los contratos por las obras de acueductos en las centrales térmicas Ensenada Barragán y Brigadier López, asociada a Isolux (otra empresa sospechada por estar incluida en las fotocopias de los apuntes del chofer Centeno), la construcción de la Estación transformadora de Esperanza, trabajos en Atucha II, el Gasoducto Regional Centro y las obras del soterramiento de las vías del ferrocarril Sarmiento. En esta última, asociada a Odebrecht y también bajo sospecha de pagos irregulares para su adjudicación.

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Calcaterra afirma que lo que lo decidió a presentarse ante la justicia fue que el juez ordenara la prisión de un estrecho colaborador suyo, Javier Sánchez Caballero, señalado por el chofer Centeno como la persona que habría entregado dinero al ex secretario de Energía Roberto Baratta. “Javier entregaba el dinero por orden mía”, aseguró, reconociendo que lo hizo en varias oportunidades. “Era en el estacionamiento del Hilton, debajo de nuestras oficinas”, explicó, coincidiendo en ese punto con el relato de Centeno, aunque no en la cifra sugerida por el chofer.

Como si se tratara de un libreto estudiado, Calcaterra también coincidió con los dichos de otros directivos comprometidos en el caso, según el cual los pagos no se hicieron a cambio de favorecer su posición en los concursos de contratación, sino “bajo presión” de las autoridades del gobierno de Cristina Kirchner para que “aportaran a la campaña”. “No tenía margen para negarme, en 2013 estaba en la oficina tomando rivotril (calmante), transpirando para ver cómo pagaba los sueldos, Iecsa era todo mi capital y estaba en una situación desesperante”, dramatizó en su relato. En 2015 debió repetirse la escena, ya que aseguró haber aportado a la campaña nada menos que contra Mauricio Macri, en vez de denunciar la supuesta extorsión. El notable relato, sin embargo, le debe haber resultado convincente al juez Claudio Bonadío, que no sólo liberó a Sánchez Caballero, sino que dejó en libertad al empresario que se presentó a reconocer los pagos y asumir la responsabilidad por ellos.

Luis Betnaza, número dos de Techint, también concurrió ante el juez a responder por el involucramiento en los escritos de Centeno. Pero con un argumento diferente: no se presentó como “víctima” de una extorsión, sino que dijo haber pagado para que el ministerio de Planificación, a cargo de Julio De Vido, intercediera ante el de Hugo Chávez (Venezuela) para lograr el pago de una indemnización por la expropiación de la planta de Sidor, en el departamento Bolívar del país caribeño. Betnaza también asumió la responsabilidad de la empresa, salvando la situación de su gerente, Héctor Zabaleta, principal imputado hasta entonces.

Tanto los mal llamados empresarios “arrepentidos”, que se victimizan como extorsionados para aportar a las campañas del kirchnerismo, como Techint, con el argumento mencionado, buscan en dicha estrategia quedar al margen de una acusación de soborno y asociación ilícita, con penas de prisión de hasta diez años. Esta postura es funcional al interés del gobierno nacional, que ve con agrado la estigmatización del gobierno anterior bajo la imagen de “corrupción sistemática”, y presentar a los empresarios como víctimas. Por ahora, lo único probado y reconocido es que hubo empresas, incluso la de la familia del Presidente, que hicieron pagos irregulares en supuesto beneficio de funcionarios, justamente, de áreas para las cuales realizaban obras.

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Calcaterra comprometió a la empresa que perteneciera al grupo Macri en los pagos irregulares. También al Presidente en la estrategia judicial seguida. “El sábado (4 de agosto) hablé con el Presidente y le conté; él me preguntó por qué lo hacía si yo no figuraba en los cuadernos. Le dije que era mi responsabilidad”, relató el primo de Mauricio Macri en la entrevista que dio esta última semana. ¿Le alcanzará al cartel de la construcción el argumento de presentarse como víctima para circunscribir el impacto del escándalo sobre las espaldas del gobierno anterior? Los inversores bursátiles y financieros han respondido esta semana: el capital huye de los activos argentinos.

Se abrió una caja de Pandora (recipiente al que, en la mitología griega, se le atribuía contener encerrados todos los males del mundo) y no hay quien pueda decidir qué es lo que debe quedar adentro sin salir. El antecedente del mani pulite italiano dejó como saldo que toda la clase política, incluso la impulsora del escándalo, resultó víctima, y la consecuencia no fue una nueva dirigencia menos corrupta, sino Silvio Berlusconi. El Lava Jato brasileño no parece transitar por mejor camino. Aquí, como en el país vecino, la dirigencia en el poder que impulsa el escándalo aparece estrechamente involucrada en los hechos denunciados, como lo dejó expuesto Calcaterra, por si hubiera dudas. Y eso, sin olvidar que el escándalo se monta sobre un escenario ya de situación económica en crisis y en descomposición.

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