A última hora la causa de los cuadernos y las coimas sumó sorpresas, cuando el juez Claudio Bonadio ordenó detener a Claudio Uberti, el ex titular del Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi) involucrado en la relación de la administración kirchnerista con Venezuela, al ex secretario privado del ex ministro de Planificación Julio De Vido, José María Olazagasti, al ex titular de la Unión Industrial Argentina, Juan Carlos Lascurain, y al dueño de Servicios Vertúa, Raúl Vertúa. Además de las menciones en las anotaciones del chofer Oscar Centeno, todo indica que Bonadio se inspiró en algunos datos surgidos en indagatorias que tomó ayer. Las más resonantes fueron las de Carlos Wagner, ex titular de la Cámara de la Construcción, y la del ex Techint Luis Betnaza.

Anoche, ya habían sido detenidos Lascurain y Vertúa y se encontraban alojados en la Dirección de Drogas Peligrosas de la Policía Federal. Uberti y Olazagasti eran buscados. Lascurain había declarado como imputado el jueves. Ese día dijo: “No me voy a arrepentir porque no tengo nada de que arrepentirme”, “no tengo nada que ver en absoluto con esta gente”. Vertúa también había declarado el miércoles. Entre una serie de medidas que dispuso ayer mismo Bonadio, allanó la vivienda de Uberti. Este último al escándalo de la valija de Antonini Wilson, empresario venezolano-estadounidense, a quien trajo en un vuelo privado con un maletín con 790.550 dólares no declarados, caso que prescribió. Después de ese affaire se tuvo que ir del gobierno.

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Todo parecía indicar que los arrestos estaban vinculados a la declaración de Wagner, que mencionó a varios empresarios en un esquema de cartelización que se habría inaugurado con Julio De Vido en Planificación. Pero además fue indagado Betnaza, tras ser señalado por Héctor Zabaleta, otro directivo de Techint, como quien disponía pagos que estimó en un millón de dólares por un acuerdo con el Gobierno, para que las empresas del grupo estuvieran en condiciones de funcionar (por ejemplo que no les corten el gas y la luz), aunque en esa época no tenían contratos en marcha. El hecho es que en la declaración de Betnaza señaló que funcionarios del Ministerio de Planificación le pedían dinero para interceder ante Venezuela, en tiempos del gobierno de Hugo Chávez, para solucionar la situación de las empresas de Techint allí, en alusión a la acería Sidor que fue expropiada. Lo que dijo es que le pedían dinero por “gastos que no debería afrontar el gobierno argentino para solucionar un problema de una empresa privada”. Uno de los hombres que dependían de De Vido y manejaban los lazos con Venezuela era Uberti.

El ex jefe de Gabinete hasta 2008, Alberto Fernández, le dijo a este diario que: “Si Betnaza dice que pagó para que le hicieran lobby por la estatización de su empresa en Venezuela, miente. Me consta que miente. Yo estuve presente en la reunión que mantuvimos en el último piso del Hotel Hermitage de Mar del Plata, durante la Cumbre de las Américas. Estábamos Hugo Chávez, Néstor Kirchner, Paolo Rocca y yo. Un rato también estuvo Cristina. Delante de todos, Kirchner dijo: ‘Hugo, tenés derecho a nacionalizar, pero tenés que pagar, porque es una empresa argentina. Y Chávez dijo que sí. Rocca estuvo muy agradecido. Y eso no lo pago nadie de nadie. Es una grave mentira de Betnaza”. Si fuera lobby, tampoco se trata de un delito, no se trataría de cohecho, que alude a un pago para que un funcionario haga algo vinculado con su cargo. A lo sumo podría serlo si se tratar de un tráfico de influencias.

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En el momento de la indagatoria les tendrán que exhibir las pruebas que hay en su contra, si es que están basadas en los cuadernos, en los dichos de otros imputados o en algunas otras pruebas recogidas como respaldo. Eso está por verse. Hasta ahora el criterio que manejan Bonadio y Stornelli en el expediente es que el que confiesa, se arrepiente y aporta algún dato que consideren relevante, sale en libertad. El que no habla, queda preso.

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