Los cuadernos del ex chofer de Baretta, funcionario del Ministerio de Planificación durante la era kirchnerista, siguen dando de qué hablar. Cristina Fernández de Kirchner concurrirá este lunes a Comodoro Py para prestar declaración indagatoria en la causa que investiga el circuito de corrupción entre funcionarios políticos y empresarios de la construcción. El Juez Bonadío la citó el pasado 1ro de agosto y, paralelamente, realizó un pedido al Congreso para que habilite allanamientos en el domicilio de la ex presidente.

“Mañana lunes voy a presentarme en Comodoro Py, como lo hice ante cada requerimiento judicial. A lxs compañerxs que querían movilizarse para acompañarme, les pido por favor que no lo hagan”, indicó la actual senadora en su cuenta de Twitter.

Hasta el momento, nueve empresarios se presentaron a declarar en carácter de “arrepentidos” y quedaron en libertad. Ocho de ellos indicaron que las coimas detalladas en las fotocopias de los cuadernos de Centeno eran en carácter de aportes a la campaña electoral, cuestión que se correspondería con una caratula menos grave que si fueran coimas a cambio de contratos por obra pública. Solo uno de los empresarios admitió que el circuito de corrupción tenía eje en los contratos de la obra pública: Carlos Wagner, ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción.

Esta declaración puede provocar un tembladeral. Por eso el gobierno, tomando nota del asunto, se encargó de llamar a bancos y empresas que financian la obra pública para tranquilizarlos. El mensaje, cuyo portavoz fue Guillermo Dietrich, indicó que el escándalo “no alterará el proceso” de realización de obras previsto.

Llamativamente, dos empresas que hoy tienen contratos de obra pública fueron mencionadas en la declaración de Wagner. Se trata de las constructoras José Cartellone y Vial Agro. Estas firmas fueron adjudicatarias, días atrás, de la construcción de autopistas y rutas seguras bajo la modalidad Participación Pública Privada (PPP). Sin embargo, fuentes del área PPP indicaron esta mañana a Clarín que “por ahora no hay motivos legales para retirarles las adjudicaciones”.

Mientras tanto, el dólar volvió a escalar este viernes y no son pocos los analistas que señalan a los cuadernos de Centeno como uno de los factores que aporta mayor incertidumbre a una economía en crisis.

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Además, se entregó este sábado José María Olazagasti, exsecretario privado de Julio de Vido, que tenía orden de detención. Como Comodoro Py estaba cerrado, lo hizo en el Cuerpo de la Policía Montada.

Si bien la causa complica fundamentalmente a funcionarios del ex gobierno kirchnerista, también salpica al actual gobierno de Cambiemos. Uno de los “arrepentidos” es el primo del presidente, Ángelo Calcaterra, también muy complicado en la causa Odebrecht.

Los arrepentidos

  • Juan Carlos De Goycoechea, Isolux Corsán.
  • Héctor Alberto Zabaleta, ex directivo de Techint.
  • Luis Betnaza, directivo de Techint.
  • Carlos Wagner, ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, confesó que las coimas eran a cambio de contratos para la obra pública. Mencionó a dos empresas que actualmente tienen contratos con el gobierno macrista: las constructoras José Cartellone y Vial Agro.
  • Armando Losón, Grupo Albanesi, área energía.
  • Aldo Roggio, Aldo Roggio, del grupo empresarial BRH, concesionario de subtes, recolección de basura y ganador de contratos de obra pública desde 1908.
  • Ángelo Calcaterra, ex directivo de Socma, primo del presidente Macri.
  • Claudio Glazman, ejecutivo de Sociedad Latinoamericana de Inversiones (Grupo SLI)
  • Jorge Neyra, gerente de Electroingeniería.

Otras declaraciones

  • Juan Manuel Abal Medina, ex jefe de Gabinete, presentó a modo de defensa un escrito en el juzgado de Claudio Bonadio. Admitió que tras un llamado informal de Baratta, tanto él como uno de sus subalternos, Hugo Horacio Larraburu, recibieron bolsos con plata en la Casa Rosada, aunque indicó desconocer que ese dinero tenía un origen ilegal.
  • Norberto Oyarbide, juez. Esta mencionado en los cuadernos de Centeno. Declaró que recibió presiones para congelar causas por enriquecimiento ilícito contra funcionarios kirchneristas.
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