A dos años de la publicación en el Boletín Oficial del DNU 267/15, con el que Cambiemos barrió los ejes centrales de la Ley de Medios, el CELS recordó que la Corte Suprema mantiene pendiente desde agosto el tratamiento de un recurso de amparo sobre la inconstitucionalidad del decreto firmado por el presidente Mauricio Macri. “Detrás del decreto no existieron razones de necesidad y urgencia, que impidieran el cumplimiento del trámite ordinario de la formación de leyes, sino que se trató de la imposición de un enfoque sobre el funcionamiento del sistema de medios que se estableció eludiendo la discusión democrática”, sentenció el CELS. 

El organismo representa a la cooperativa FM En Tránsito, medio comunitario que funciona hace 30 años en el municipio de Morón, en el amparo que el máximo tribunal mantiene sin tratamiento desde hace meses. La demanda cuestiona “la validez de esta normativa de excepción”  y también la incompleta ratificación del DNU por parte del Parlamento. El CELS remarca que el decreto firmado por Macri sólo fue ratificado por la Cámara de Diputados, mientras que el Senado aún no lo ha tratado. El expediente llegó a la Corte a través de un recurso extraordinario que fue aceptado por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones.

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“Hasta el momento, el Estado no dio cuenta, ni en la fundamentación del DNU ni el proceso judicial, de la concurrencia de las circunstancias excepcionales que reclama la Constitución Nacional y la jurisprudencia de la Corte Suprema”, advierte el organismo, que estuvo presente en la audiencia convocada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en abril de 2016, por la embestida de la alianza gobernante contra la Ley de Medios. 

En aquella audiencia, el Gobierno se comprometió a presentar un nuevo marco regulatorio denominado ley “comunicaciones convergentes”, para la cual creó una comisión, controlada por el Poder Ejecutivo, y presidida por la exdiputada Silvina Giudici, ferviente opositora a la Ley de Medios. Lejos de cumplir con su promesa ante la CIDH, el 28 de diciembre pasado el Ministerio de Modernización —que reemplazó como autoridad de aplicación al fugaz Ministerio de Comunicaciones— ordenó una nueva prórroga de 180 días para la presentación de la nueva normativa. 

En ese mismo decreto, el Ministerio abrió la consulta al público de los documentos preliminares producidos por la comisión encabezada por Giudici, que debía entregar un anteproyecto de ley hace una año atrás. “La elaboración en la Comisión Redactora distó mucho de ser un ‘proceso participativo’, como se ha pretendido presentar”, advierte el CELS en su comunicado y pone algunos ejemplos: las “reuniones participativas” se limitaron a 20 encuentros en 2016, según la información ofrecida por el ENACOM, en Ciudad de Buenos Aires, sin agenda y a la que se podía acceder “solo con invitación previa de la Comisión”. “Casi el 40 por ciento de las participantes fueron entidades empresariales”, precisó el organismo de derechos humanos y agregó que los cinco debates realizados en universidades públicas fueron criticados por “la falta de representatividad de los participantes en Córdoba y Mendoza y por la ausencia de un debate sustantivo”.

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Ante la demora de la presentación del anteproyecto que permita debatir una nuevo marco regulatorio, el CELS insiste en el comunicado respecto de que “la doctrina es clara al señalar que ‘existe un estado excepcional cuando no es habitual'” para solicitar el tratamiento de la Corte al pedido de inconstitucionalidad del DNU y agrega “las modificaciones introducidas por el decreto 267/2015 tienen carácter permanente, lo que priva de validez constitucional a esa norma”.

En ese contexto, la tercera prórroga del plazo para presentar un anteproyecto de ley de “comunicaciones convergentes” no fue la única novedad en el cierre del 2017 para la política comunicacional de Cambiemos,  sino que también el Enacom aprobó la fusión entre Cablevisión y Telecom, empresas con participación del Grupo Clarín, y dio luz verde a las telefónicas para ofrecer contenidos audiovisuales. “Incluso con el marco normativo introducido por el DNU 267 en el que se relajaron significativamente las previsiones antimonopólicas, este tipo de concentración superaría todos límites de espectro permitidos”, adviritó el CELS. 

“Las transformaciones ocurridas desde el 4 de enero de 2016 están lejos de ser transitorias. Y la postergación sistemática de un debate social y legislativo amplio sobre cuál es el mejor marco regulatorio para las comunicaciones en la Argentina no parece ser una coincidencia”, concluye el documento a la espera de una respuesta de la Corte Suprema. 

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