El jueves la legislatura provincial aprobó el presupuesto 2018 que el gobierno encabezado por Gerardo Morales y el massista Carlos Haquim presentó 48 hs antes en la legislatura.

Este accionar implica una clara violación de las prerrogativas que exigen al menos una semana para el análisis del proyecto por parte de los legisladores antes de su tratamiento.

Con el voto de Cambiemos y el PJ renovador el gobierno logró la aprobación express de una Ley que le permitirá disponer de más de 44.000 millones de pesos al oficialismo y al no verse compensado con los ingresos arrojará un déficit de $3.260 millones.

En esta sesión no estuvieron los recientemente electos diputados del Frente de Izquierda porque hicieron este tratamiento con los legisladores de la anterior legislatura.

Al respecto, el diputado por el PTS en el Frente de Izquierda, Alejandro Vilca, afirmó que “el bloque oficialista hizo esta maniobra política para evitar un cuestionamiento al acuerdo firmado con el gobierno nacional que dispone el congelamiento de la planta de personal y un intento de fuerte ajuste sobre los jubilados.”

Recordamos que el proyecto de reforma previsional de Cambiemos ya cuenta con la aprobación del Senado donde gracias al apoyo del PJ-FPV pudo pasar este ataque brutal que implicaría -de ser aprobado en el Congreso- una pérdida de 9.500 pesos para el año 2018 a los jubilados. Por Jujuy los senadores Silvia Giaccopo (UCR) y Walter Barrionuevo (PJ) votaron a favor.

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Los números del ajuste

Con el marco de la Ley de Responsabilidad Fiscal de fondo el presupuesto provincial consolida el congelamiento de la planta permanente y una reducción indirecta por la vía de las jubilaciones de 10.000 empleados que proyecta el ministro de Hacienda Carlos Sadir para los próximos años.

Según ATE hay 5.000 estatales a la espera de la planta permanente. Estas familias reciben un duro golpe a las expectativas que generó durante la campaña el gobierno cuando prometía trabajo genuino y con estas medidas será más dura la pelea contra la precarización laboral.

Asimismo el ajuste ya implicó que este año no pagarán el bono de fin de año en un mes donde volvió a pegar un salto la inflación por los tarifazos. Además sobre los empleados públicos el gobierno tiene en carpeta miles de despidos en las reparticiones nacionales.

En la provincia el diputado Bernis (UCR) se encarga de infundir temor afirmando que “sobran” 40.000 empleados públicos, cera de la mitad de los hoy en funciones en todos los niveles del Estado, un intento de disciplinamiento sobre los trabajadores de un gobierno que despliega una persecución sistemática sobre los activistas sindicales.

Beneficios para los mismos de siempre

Otro aspecto relevante es la continuidad de los enormes beneficios que reciben grandes multinacionales mineras que saquean los recursos de la provincia. En concepto de “derechos de explotación de minerales” pagarían solo 103 millones y la irrisoria suma de 10 millones de pesos por “regalías” cuando las mineras facturan millones de dólares que no están obligadas a traer al país, menos aún a la provincia.

A la vez, que se repite el histórico privilegio para un grupo concentrado de terratenientes que van a percibir 2.391 millones en concepto de Fondo Especial del Tabaco, un monto cercano a la mitad del presupuesto de salud.

No se ahorran en beneficios tampoco para los especuladores inmobiliarios a quienes les van a facilitar un negocio que estiman en 960 millones con tierras en la zona de los perilagos de la zona de diques en el departamento de El Carmen.

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La deuda pública no para de crecer

Un aspecto distintivo del presupuesto es el salto de la deuda pública y una nueva toma de deuda por 20 millones de dólares para el proyecto GIRSU que se desconoce su existencia real.

Recordemos que el gobierno tomó deuda en dólares para financiar negocios privados millonarios como el de la energía renovables por lo cual el pago de deuda se incrementó un 260% pasando de 135 millones a más de 488 millones de pesos.

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Entre los nuevos conceptos de devolución de deuda se encuentra el proyecto de Jujuy Interconectada ZTE por más de 4 millones de pesos y los organismos internacionales con $12.059.41.

Esta pesada carga va a impactar sin dudas con fuerza dentro de un presupuesto que viene con la carga del ajuste como señalamos antes y pone al gobierno de Morales encolumnado detrás de la toma de deuda sideral que encabeza Macri.

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El Pacto Fiscal de Morales-Macri no es neutro

Como el pacto fiscal implica un duro golpe a los jubilados el gobernador Morales prefirió mostrar una neutralidad, a partir del anuncio de compensación de deudas que el Estado nacional tiene con la provincia, a cambio de un bono. Sin embargo, esta supuesta neutralidad fiscal no existe bajo ninguna forma.

La reforma previsional con el impacto de la nueva fórmula del cálculo de haberes que quieren aprobar en el Congreso implica una fuerte reducción de los haberes para el año próximo y una transferencia cercana a los 70.000 millones de pesos desde el ANSES a los gobernadores y empresarios.

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Esta transferencia millonaria desde los jubilados ocurre a modo de “compensación” de las arcas provinciales porque el gobierno aceptó concederles una rebaja de la alícuota de los ingresos brutos y de los impuestos de sellos, a pesar, de las exenciones para no pagar la alícuota general de la que gozan los grandes monopolios en Jujuy.

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En la provincia esto tendría un impacto considerable en las finanzas porque los ingresos brutos representan el 80% de la recaudación y los el sellos el 15%. De una estructura de financiamiento que depende históricamente en un 90% aproximadamente de la llegada de fondos nacionales.

Haciendo un cálculo conservador, sólo modificando Ios ingresos brutos, si la alícuota general hoy en el 3% bajara un punto con los datos de la recaudación de octubre proyectados a 12 meses, a fin de año la caída sería cercana a 1.000 millones. O sea, el equivalente a 10 veces el presupuesto de “Ciencia y Técnica” de este año.

Ante el plan de descargar un conjunto de reformas impositivas, fiscales y laborales sobre los trabajadores a costa de mejorar las ganancias de los grandes empresarios es necesario responder con la mayor unidad de los trabajadores y los sectores populares en las calles. Con asambleas y un plan de lucha de las centrales sindicales y gremios se les puede parar la mano al gobierno de los ricos en todo el país y cuestionar de fondo los privilegios de los dueños del país.

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