Miguel López, concejal electo por el Frente de Izquierda en Libertador Gral. San Martin, fue imputado por solidarizarse con la protesta de los obreros azucareros del Ingenio Ledesma, quienes el día 28 de septiembre fueron reprimidos por la policía. Junto a concejal del PTS-FIT hay varios dirigentes políticos, sociales, sindicales, integrantes de la comisión de mujeres de los obreros azucareros, imputados en la misma causa.

La fiscal Silvia Del Valle Farall dispuso las imputaciones masivas por el delito previsto en el art. 194 del Código Penal por la acción realizada en la Ruta Nacional 34, donde además del periodista y dirigente del PTS-FIT López, se encuentran imputados Rafael Vargas (Secretario General del SOEAIL), Natalia “Charo” Vargas (delegada de ATE), Paula Retambay (militante del Partido Obrero), Martina Montoya (referente del organismo de derechos humanos CAPOMA) y Patricia Gutiérrez (concejal electa del Frente Unidad Ciudadana), entre otros.

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La causa resulta una confirmación de la política de criminalización de la protesta y un evidente ataque a quienes se manifiestan en apoyo a la pelea por los derechos de los trabajadores, justamente en tierras de Blaquier, dueño de la empresa Ledesma y genocida beneficiado por la Cámara de Apelaciones en un fallo cuestionado nacionalmente por un amplio arco de organizaciones.

El régimen policíaco de Gerardo Morales judicializa la protesta social a la vez que ataca con cientos de despidos en el Ingenio La Esperanza, entre quienes se encuentran los obreros que fueron candidatos del Frente de Izquierda en las pasadas elecciones legislativas del 22 de octubre, todas muestras claras de persecución política.

López declaró “esta nueva causa armada por la Fiscal Farrall, luego de haber tenido que dictar mi sobreseimiento en la causa donde se atacaba el derecho al libre ejercicio de la profesión de periodista y la libertad de prensa, es un nuevo intento por acallar las voces que acompañar cada lucha obrera y popular. Pero más allá de la criminalización y judicialización del gobierno y su justicia, la banca en el concejo de Libertador estará puesta al servicio de defender los derechos democráticos los trabajadores, la juventud y las mujeres”.

Vale decir, que Farall ya imputó a Miguel López por cometer el “delito” de realizar una cobertura periodística de la huelga azucarera y el acampe en la Planta de Gas que aconteció en Agosto del 2015. Luego de una campaña en defensa de la libertad de prensa y del derecho a huelga, López fue sobreseído de dicha causa, sin embargo el poder judicial mantuvo sus cargos sobre los dirigentes sindicales del SOEAIL y los elevo a juicio.

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López convocó a impulsar una gran campaña contra estas causas judiciales que impulsa el gobierno de Morales y ejecuta el poder judicial de la provincia contra concejales opositores, militantes, delegados y dirigentes sindicales del Ingenio Ledesma, así como también contra los despidos en el Ingenio La Esperanza. “Solo con la más amplia unidad de los trabajadores con la comunidad y la movilización en las calles podemos hacer caer las causas judiciales contra la protesta social y los despidos”, concluyó.

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