El Gobierno no puede parar el “efecto contagio” de alumnos que buscan la suspensión del día de clases

El 911 de la provincia de Buenos Aires no da abasto. En 30 días recibió 3.000 llamadas con amenazas de bomba contra colegios secundarios. Las voces al otro lado de la línea son jóvenes y denotan ansiedad. La policía sabe que son “travesuras” sin riesgo, pero debe activar un protocolo que exige un costoso operativo de prevención. La rutina es siempre la misma: los directivos desalojan el edificio, los peritos revisan aulas y pasillos sin encontrar nada sospechoso y los alumnos vuelven a las aulas: Pero ya se ha perdido el día de clase. Desde el Gobierno aseguran que no hay una campaña de desestabilización y prefieren hablar de un “efecto contagio” entre adolescentes. Pero no encuentran la forma de parar los llamados. Por el momento hay 120 causas abiertas por intimidación pública, el 90% de ellas contra estudiantes de entre 11 y 17 años.

¡Nuestros avisadores les desean felicidades a todas las madres!

Nada más fácil que levantar un teléfono y hacer una llamada al 911. El esfuerzo es mínimo, el riesgo bajo y los efectos de una amenaza de bomba enormes. “Todos los llamados fueron de alumnos que van a las escuelas amenazadas”, dice una fuente del ministerio de Seguridad. Las amenazas a los colegios son un clásico de cada año. Empiezan poco a poco y se extienden como un virus. El contagio se detiene de repente, como si la enfermedad se aburriera. El problema es que este año las amenazas han sido demasiadas y llegaron incluso hasta el colegio donde estudian los hijos de la gobernadora María Eugenia Vidal. La mujer vive en una base aérea por los llamados que recibe cada día. La lectura oficial es que la limpieza que impulsa en la policía bonaerense, con casi 16.000 sumarios internos y 6.650 expulsados, la convirtió en un blanco de riesgo. “Lo de las escuelas no tiene nada que ver con esto”, insistieron desde el Ministerio.

La detención más promocionada fue la de un hombre de 18 años, el jueves, acusado de realizar 40 llamados a diferentes colegios. “Fue el primero de este tipo, porque hasta ahora todos eran casos de llamados aislados”, dijeron en Seguridad. La policía de La Matanza, el distrito más poblado del conurbano de la ciudad de Buenos Aires, entró a la casa de Pablo, así se llama, y secuestró sus celulares y tarjetas SIM. El detenido llamaba al 911 por encargo, como respuesta a pedidos que recibía a través de las redes sociales. En Twitter se hizo llamar “APB, A Pura Bomba”, un término que inventó, dijo “después de hacer ocho amenazas de bomba en ocho colegios distintos”. En otro tuit, fechado el 2 de octubre, Pablo celebró que ese día había logrado suspender las clases “en seis colegios”.

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El problema es el despliegue que activa cada llamado. “Nuestra obligación es acudir al establecimiento con toda una logística que implica brigada de explosivos, fuerzas policiales, bomberos y Defensa Civil, además de alertar a los hospitales públicos y a las cuadrículas de la zona. Cuando todo este dispositivo acude a una amenaza de bomba, caemos en el riesgo de dejar desprotegidos a quienes realmente necesitan asistencia”, dijo el ministro de Seguridad, Critian Ritondo.

La estrategia ha sido, por ahora, exhibir en la prensa las detenciones. El mensaje: una amenaza de bomba no es una travesura adolescente y, para el caso de los menores, los padres son responsables y pueden ir presos. Un legislador provincial, Andrés De Leo, del oficialista Cambiemos, propuso incluso aumentar las penas contra los responsables con hasta un mes de prisión y una multa que podrá rondar los 50.000 pesos, unos 2.900 dólares.

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